La Nación (Argentina), 24.09.2022

a investigación judicial sobre la comunidad terapéutica denominada La Razón de Vivir expuso que el movimiento dentro de las quintas usadas como centros de tratamiento de adicciones era bastante similar al observado en los casos de las sectas. Se reforzaba allí una escenificación que tendía a reducir a la servidumbre a las víctimas. Y si alguien se rebelaba recibía toda clase de presiones psicológicas y castigos físicos para evitar “una fuga”.

El fiscal Ernesto Ichazo estableció los, por ahora, presuntos niveles de responsabilidad de los detenidos. Y definió al solicitar los arrestos que en los lugares bajo investigación se “ejercía violencia física, psicológica y simbólica sobre las víctimas”. También indicó que se había armado un sistema para recapturar a las personas que escapaban, se controlaban las comunicaciones de los internados con sus familiares y se hacía ingerir “medicamentos sin prescripción médica y en secreto al mezclarse con las bebidas”. Además, se determinó que no tenían título habilitante dos mujeres que se presentaban a los pacientes como psicólogas y que “ejercían actos propios de esa profesión”.

Fue señalado como líder de esa organización Néstor Ezequiel Zelaya, director general de La Razón de Vivir. Para el fiscal Ichazo, es el responsable de establecer los mecanismos de control que debían aplicarse en las quintas ubicadas en La Matanza, General Rodríguez, Almirante Brown, Florencio Varela (en tres barrios) y la localidad cordobesa de Bialet Massé. También definía, según la acusación, cuáles serían los tipos de violencia física, psicológica y simbólica que sufrirían las víctimas. Él era, también, quien decidía cuándo uno de los pacientes recibiría el alta definitiva, explicaron fuentes judiciales a LA NACION.

De Zelaya dependía la red de quintas, cada una de las cuales tenía a su vez un director que se encargaba de ejecutar las órdenes del director general, controlar a las víctimas y a los operadores-coordinadores, difundir los mensajes y cobrar los aranceles, controlar que a las víctimas les quiten la medicación que tuvieran al ingresar a las quintas y asegurarse de que no la tomen. Entre los titulares de las quintas figuran Eduardo Humberto Zelaya, Jorge Alberto Basílico y Mariano Jorge Luis Torchia, que sería un exagente de la Policía Federal.

Por debajo de ellos estaban los “operadores-coordinadores”, identificados como Matías Nicolás Durán, Emilio David Nieva, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Damián Alberto Fernández Cáceres y Federico Risso Patrón. Según la Justicia, ellos se encargaban de controlar las acciones de las víctimas, custodiar el acopio de medicamentos, controlar las visitas y comunicaciones de las víctimas con sus familias, ejecutar los castigos y capturar a las víctimas que se escaparan.

Marcelo “Teto” Medina aparece, en esta división de tareas descrita por la Justicia, “la cara visible y pública” de la organización junto a Néstor Zelaya. La idea era que sus apariciones revistieran de una pátina de legalidad las actividades que se desarrollaban en las quintas, publicidad que les permitiría captar nuevas víctimas. Según el fiscal Ichazo, Medina se valió de sus propias redes sociales para captar más víctimas y mantenía contacto semanal con las víctimas en las quintas para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre; en ocasiones, ejercía el rol de operador-coordinador; él mismo se definía, en sus apariciones mediáticas, como “operador socio-terapéutico”.

Tatiana Lorena Lanza, policía bonaerense que revistaba en las filas de la fuerza en Florencio Varela, es señalada por el fiscal Ichazo como la encargada de seguridad. Imponía “temor y violencia psicológica” sobre las víctimas para evitar que intentaran huir o resistirse a las tareas que les encomendaban, para lo cual los amenazaba con falsos procesos judiciales.

Fabiana Edith Canal y Valeria Fernanda Miceli eran las encargadas del “tratamiento psicológico”, a pesar de que, según la acusación, no poseían título ni habilitación correspondiente. Finalmente, Sonia Elizabeth Córdoba era la encargada de la captación de nuevas víctimas. La mujer, de 58 años, fue detenida esta mañana en el barrio 400 Viviendas, de Villa María.

La mujer realizaba trabajos territoriales en barrios de esa ciudad y de allí gestionaba con el Centro Municipal de Adicciones (CMA) de aquella localidad cordobesa para garantizar tratamientos a personas con adicciones, en un trabajo articulado a través de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC). El Teto Medina hizo una visita a Villa María en el marco de una jornada realizada entre una agrupación de madres contra las adicciones y el CMA.

Medina fue el único de los acusado que aceptó declarar ante el fiscal Ichazo. Fuentes judiciales aseguraron que Teto Medina dijo desconocer lo que sucedía dentro de las quintas donde se trataba a jóvenes adictos a drogas. Incluso, contó que nunca se quedó a dormir allí. “Hay testimonios que dicen lo contrario”, indicó un investigador que conoce esta causa. “Medina dijo que no recorría los lugares, que solo iba al patio y a los quinchos. De todas maneras, hay pruebas que reclutaba a pacientes a cambio de dinero”, agregó con un dato adicional: Su número telefónico figuraba en el grupo de WhatsApp llamado Staff.

“Cumplió un rol de darle charlas a los chicos [internos] Le pagaban 10.000 pesos por charla”, sostuvo el abogado Adrián Tenca al salir de la fiscalía N° 8 de Berazategui. Además, explicó el defensor de Teto Medina explicó que su cliente cobraba 2500 pesos por cada paciente que llegaba por su recomendación a la comunidad terapéutica que hoy está bajo la mirada de la Justicia.

“Él (por Medina) iba simplemente los martes a dar una charla a los internos de 11 a 17 y cobraba 10 mil pesos, esa fue toda su participación”, dijo Tenca tras la indagatoria a la que se sometió Medina, el pasado viernes.