EFE (España), 22.02.2022

Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia consideran que la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo «no cumple con los parámetros de independencia».

Así lo ha manifestado la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR) que tacha de «incoherente» que la investigación recaiga en un bufete cuyo presidente es miembro del Opus Dei. «Nos resulta incoherente, no cumple con los parámetros necesarios de independencia», ha valorado ANIR en declaraciones a Europa Press, recordando el caso de abusos en el colegio Gaztelueta.

A su juicio, esta auditoría es como «meter al zorro en el gallinero». «Eso que ellos venden como auditoría externa e independiente no lo es y volvemos a exigir que la jerarquía de la iglesia española demuestre voluntad y actitud firme y no siga con el encubrimiento de estos delitos no solo los del presente, también los del pasado», han subrayado.

También ha recibido la noticia con «desconfianza» el portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra y víctima en el colegio de los Reparadores de Puente la Reina, José Luis Pérez, que ha asegurado a Europa Press que no va a colaborar con esta investigación.

«No voy a colaborar con esa comisión, a mi puerta que no llamen», ha remarcado José Luis Pérez, que también ha afeado que venga «de la mano del Opus Dei». «¿Qué credibilidad puede tener esto? Para mí, ninguna», ha puntualizado.

«No me inspira ninguna confianza, porque es como meter al zorro a cuidar las gallinas, no le doy credibilidad», ha insistido.

En cuanto a la reparación, Pérez ha lamentado que «no hay pegamento ni cinta aislante que te pueda reparar». «Son cosas del corazón y de la mente y quedarán para toda la vida, solo espero que algún día Dios los juzgue pero antes, espero que los juzguen en la Tierra», ha indicado.

Piden una comisión de expertos

A su juicio, lo que tiene que haber es una respuesta «firme y contundente» por parte del PSOE y del resto de los partidos políticos, para investigar los abusos. «Basta ya, esto es un delito», ha clamado, al tiempo que ha pedido que se cree «ya» una comisión compuesta por expertos.

Asimismo, las víctimas han reprochado a la Iglesia la «demora» para esclarecer los casos de abusos. «La Conferencia Episcopal Española, con tres ó cuatro años de retraso, por fin, mueve ficha, pero esto no disminuye la necesidad de que el Estado actúe potenciando una investigación oficial», ha indicado a Europa Press el primer denunciante de abusos en la abadía de Montserrat (Barcelona), Miguel Hurtado.

Además, espera que esta auditoría no se utilice para «blanquear» la institución y ha puesto como ejemplo otras investigaciones realizadas por despachos de abogados en otros países que están «funcionado muy bien como la encargada por la diócesis de Munich» que «fue tan independiente que no le tembló la mano al decir que Benedicto XVI había encubierto casos».