Clarín (Argentina), Sergio Rubin, 19.11.2012

El caso de Sonia Marisol Molina, quien logró escapar de una casa en Coronel Suárez –donde estuvo secuestrada casi 90 días en condiciones infrahumanas– conmociona y reaviva el debate sobre una realidad que parece oculta, pero cada tanto explota a la vista de todos: el de las sectas . No fue el único episodio atroz del que se supo en los últimos meses. En la localidad correntina de Empedrado, los vecinos todavía no salen de su estupor por la violación de al menos dos chicos en rituales satánicos liderados nada menos que por la abuela de las víctimas, una mujer de 82 años.

Además de abrir el interrogante acerca de si este tipo de hechos aberrantes siguen en auge, los casos conocidos reactualizan el debate acerca de cómo prevenirlos .

Que esta problemática preocupa cada vez más lo prueba el hecho de que la Legislatura de Córdoba aprobó el año pasado un llamado “Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica” . Entre otras acciones, el programa –cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia– prevé campañas de concientización para prevenir estos casos, ayuda a los que quieren dejar los grupos sectarios y, en un estadio más avanzado, brinda asistencia a las víctimas a través de un equipo interdisciplinario compuesto, entre otros, por médicos y psicólogos, y asistencia legal.

En la provincia de Buenos Aires, el diputado Oscar Negrelli (Coalición Cívica /ARI) presentó hace unos meses un proyecto para combatir el accionar de las sectas. Tras lo sucedido en Coronel Suárez, Negrelli volvió a la carga con su iniciativa, que propone la creación de un registro de “movimientos religiosos, pseudo religiosos o sectas”, supervisado por profesionales de diversas disciplinas.

“Debemos respetar la libertad de creencias y la voluntad de los ciudadanos de agruparse, sin estigmatizar a nadie, pero todo tiene que ser transparente ”, dijo Negrelli. Y redondeó: “No se trata de prohibir, pero el Estado debe intervenir cuando empieza a verse lesionado un derecho humano”.

Sin embargo, hay expertos que son renuentes –cuando no están francamente en contra– a que el Estado supervise a los grupos religiosos. El presidente del Consejo para la Libertad Religiosa (CALIR) –que agrupa a especialistas laicos de las principales confesiones–, el abogado Octavio Lo Prete, dijo a Clarín que “desde la perspectiva jurídica es prácticamente imposible definir qué es una secta ; de hecho no conozco definiciones del concepto en las leyes”.

Lo Prete opinó que “todo aquello que sea fraude al factor religioso puede ser protegido desde el derecho penal; con esas normas alcanza, tal como lo indica la experiencia internacional.

No hace falta una legislación especial , sino la común para limitar el accionar de las sectas o, en definitiva, los abusos a la libertad religiosa”. Y señaló: “toda legislación especial es peligrosa”. En ese sentido, cree que la ley sancionada en Córdoba “puede dar lugar a muchos abusos”.

Más allá del debate acerca de cómo prevenir estas situaciones, el psicólogo social Julio César Labaké cree que el ambiente cultural favorece el accionar de las sectas. “Es indudable que hoy, más que antes, por la falta de valores, la gente busca una palabra que le dé seguridad para confiar, porque la sensación de precariedad es muy fuerte”, dijo. Añadió que esto “puede llevar a abrazar doctrinas totalitarias, que ‘resuelven’ el problema de la inseguridad”.

Concluyó que, en ese marco, “es evidente que una personalidad más débil se vuelve más vulnerable, las sectas proliferan y los aprovechadores encuentran un campo más fértil”.