La Vanguardia (España), Gemma Saura, Carina Farreras, 19.02.2026

La Universitat de Barcelona (UB) tuvo que defender ayer ante un juzgado contencioso-administrativo su decisión de suspender de empleo a una profesora de Sociología por su presunta relación con Ramón Flecha, el catedrático acusado de presuntas prácticas de coerción sexual, abuso de poder y explotación laboral por 16 personas que formaron parte de CREA, su grupo de investigación.

La profesora expedientada, Lidia Puigvert ha sido durante años un miembro destacado de CREA. La trabajadora alega que se ha vulnerado su derecho fundamental a la legítima defensa al no haber tenido acceso al expediente administrativo que ha motivado su suspensión. Este se basa en un informe confidencial de una comisión de investigación de la UB, tras tomar declaración a los denunciantes, que vio indicios de que CREA funcionaba como un “grupo coercitivo de alto control” bajo el liderazgo de Flecha.

La UB y la fiscal coincidieron en pedir ayer a la juez del juzgado contencioso-administrativo que preserve la confidencialidad del expediente, para garantizar los derechos de las presuntas víctimas en un caso tan grave, cuya vertiente penal está actualmente bajo investigación por una nueva sección de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Puigvert fue defendida por Rosa María Seoane, que fue abogada del Estado en el juicio del procés y que desde el 2023 trabaja para un bufete privado, el despacho de José Ángel González Franco. Seoane viajó ayer en AVE desde Madrid para asistir a la vista. Puigvert no es la única profesora a la que la UB ha suspendido de empleo (no de sueldo) por su relación con CREA. También lo ha sido la catedrática Marta Soler, que dirigía el departamento de Sociología de la UB y era formalmente la directora de CREA hasta que el grupo anunció su disolución a finales de diciembre, después de que la universidad elevara el caso a Fiscalía. Soler también ha recurrido su suspensión y su caso debe ser visto por otro juzgado. La fiscal pidió ayer que ambos casos sean acumulados en un mismo juzgado.

Seoane fue secretaria general del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) hasta diciembre del 2018, cuando el gobierno de Pedro Sánchez la nombró jefa de la sección Penal de los servicios jurídicos del Estado justo antes de que empezara el juicio del procés en el Supremo. Su antecesor en el cargo, Edmundo Bal, había sido destituido porque quería acusar a los líderes independentistas de rebelión y no de sedición, un delito menor, como quería el Ministerio de Justicia y como hizo Seoane.