El Periódico (España), Olga Pereda, 15.07.2025

La Universitat de Barcelona (UB) ha suspendido cautelarmente al catedrático emérito Ramón Flecha, de 73 años, y ha abierto una investigación interna para esclarecer las graves acusaciones que vierten sobre él 11 mujeres en una denuncia formal. Los hechos, supuestamente, ocurrieron hace años cuando ellas eran becarias, estudiantes o doctorandas y él era su superior jerárquico en el grupo de investigación CREA, especializado en violencia machista. Las afectadas sufrieron, siempre según su versión, coerción sexual, abuso de poder y control emocional. Su relato es escalofriante e incluye desde masajes corporales y encuentros sexuales, así como situaciones de servilismo y sectarismo y una turbia intromisión de Flecha en su vida íntima.

Hace un par de semanas, un grupo de 14 mujeres -cuya identidad está protegida- enviaron una carta al rector de la UB, Joan Guàrdia, explicando el caso y pidiendo medidas para esclarecerlo. Flecha, que ya no da clases en el campus y está a punto de jubilarse, asegura que todo es un complot y un acto de venganza por haber liderado, precisamente, el feminismo y la lucha contra el acoso y la violencia sexista en los campos. El catedrático está apoyado por la comunidad CREA, donde muchas investigadoras le defienden a capa y espada.

El caso ha provocado durante estas dos últimas semanas un torbellino en el campus. En la Facultat d’Economia i Empresa aparecieron carteles en contra de CREA y animando al rectorado a creer a las presuntas víctimas y a sospechar de un grupo del que muchos universitarios opinan que funciona como una secta. Días antes, más de 30 colectivos, entre los que hay grupos de investigación de campus de Barcelona, Madrid y Euskadi, y más de 250 profesionales universitarios, básicamente profesores, firmaron el comunicado de la Asamblea Feminista de la UB en la que pedían una investigación independiente y medidas cautelares. Entre ellas, apartar de toda función de poder a la jerarquía de CREA. Por ejemplo, a su directora, Marta Soler, jefa del departamento de Sociología de la UB. Soler, de hecho, recibió un prestigioso premio universitario concedido por la Generalitat y, una vez publicado por este diario, la Generalitat optó por suspender el galardón cautelarmente.

«Intolerables»

Según el comunicado oficial emitido por la UB esta tarde, 11 personas han declarado, a través de sus abogadas, haber sido víctimas de comportamientos que la institución califica de «intolerables y contrarios al código ético», y que, de confirmarse, «podrían ser constitutivos de delito». La semana pasada se celebró un encuentro confidencial entre los abogados del campus y las abogadas de las mujeres. Según fuentes conocedoras de la reunión, las abogadas salieron satisfechas tanto con la reunión como con la disposición de la UB a proteger la identidad de las víctimas y estudiar toda la información disponible para valorar abrir –o no– una investigación.

Finalmente, tras toda la presión recibida y las informaciones publicadas en los medios de comunicación, la UB ha puesto en marcha una investigación interna mediante la apertura de un procedimiento de información previa, destinado a esclarecer los hechos con las máximas garantías de confidencialidad y protección de las víctimas. Además, ha anunciado la creación de una comisión de expertos compuesta por tres profesionales —al menos dos de ellos mujeres, internos o externos a la institución— con formación específica en violencia de género y acoso institucional.

Entre las medidas ya adoptadas, destaca también la cancelación del congreso internacional European Conference on Domestic Violence, que debía celebrarse en septiembre en el edificio histórico de la UB, espacio que el rectorado les negó hace unos días, emplazando a CREA a organizarlo fuera del campus. Aunque CREA, oficialmente, no pertenece a la UB desde 2020, el grupo seguía usando su dominio (‘ub’) en su web. La UB también ha decidido la desvinculación informática.

Igualmente, la UB ha comunicado que no participará institucionalmente en ninguna actividad relacionada con CREA ni con las personas denunciadas, y ha iniciado la supervisión de las redes sociales vinculadas a la institución para detectar posibles vulneraciones del código ético. Miembros de CREA han estado usando las redes no solo para defenderse sino para acusar a las presuntas víctimas, a quienes achacan haber tenido conflictos laborales serios con becarias del grupo.

«La consternación es absoluta», afirma el comunicado, en el que la universidad expresa su compromiso de actuar “sin demora” y con “toda la contundencia” para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. También ha ofrecido a las denunciantes todos los recursos técnicos, legales y psicológicos necesarios para su acompañamiento y reparación.