Quadratin (México), Isaac M. Reyes Maza, 25.07.2012

La Nueva Jerusalén no tiene registro ante la Secretaría de Gobernación, como asociación religiosa, por lo que el conflicto entre los dos grupos de habitantes, es solamente un problema entre civiles.

Así lo aseguró Carlos Reynoso, titular de la Unidad de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación, mientras Jesús Reyna García, Secretario de Gobierno de Michoacán, reiteraba que “la aplicación de la ley no se negocia, pero ese no fue el objetivo de la mesa de negociación que se instaló en el Palacio de Gobierno y a su momento la Procuraduría de Justicia del Estado, aplicará las sanciones penales a los responsables de demoler e incendiar el centro escolar de ese lugar”.

Las respuestas las dieron ambos funcionarios, el federal y el estatal, luego de que estuvieron reunidos con los representantes de los grupos en conflicto con los que llegaron a acuerdos de mantener de manera permanente vigilancia policial, incluso la construcción de una caseta para los gendarmes y la instalación de aulas provisionales mientras se construye el nuevo centro educativo en esa comunidad del municipio de Turicato.

Aunque el representante de la Secretaría de Gobernación no quiso abundar en el tema, dijo que no encuentra  calificativo para definir la organización que prevale en La Nueva Jerusalén, pero aseguró que no es organización religiosa, porque no cuenta con el reconocimiento oficial como tal.

La Nueva Jerusalén, aunque fue fundada en 1973 por el sacerdote católico Nabor Cárdenas Mejorada, fue rechazada desde el principio por la religión católica, al salirse de sus cánones en los rituales eclesiásticos debido a que adoptaron el rito Tridentino, hasta llegar a consagrar a sus propios clérigos.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna García cuestionado sobre el que hasta la fecha no se hayan fincado responsabilidades penales contra quienes  destruyeron el centro escolar, dijo que la intensión de la mesa de discusión no contemplaba ese punto, sino resolver el problema de la inseguridad y rescatar el nuevo ciclo escolar.

Aseguró que es la Procuradurías de Justicia del Estado la que integra la averiguación previa respectiva y a su momento aplicará las sanciones penales que correspondan, porque  la observancia de la ley no es negociable.