El Diario (España), Raúl Rejón, 4.01.2017

«Cuando comenzamos a trabajar el pabellón no tenía ni cristales. Estaba muy abandonado». Es la descripción que hacen antiguos trabajadores del proyecto de acogida de inmigrantes gestionado por la asociación Dianova pagado por el Ministerio de Empleo en Ambite (Madrid). En esa finca, los inmigrantes se mezclaron con los toxicómanos de otro programa asignado a la organización, financiado por la Comunidad de Madrid. Después llegarían grupos de refugiados con sus hijos en otro nuevo programa, también pagado con fondos públicos. La finca se convirtió en un complejo de servicios sociales de lo más diverso.

«Llegas con toda la ilusión a un proyecto nuevo y nos encontramos con habitaciones sin cristales, baños deplorables…», cuenta una extrabajadora social que inauguró el proyecto a finales de agosto de 2014. «Hacía tanto frío que los inmigrantes, la mayoría subsaharianos que no estaban acostumbrados, venían a nosotros llorando», cuenta uno de sus compañeros. El centro consta de tres bloques y uno fue el asignado a la ayuda humanitaria que «no estaba en condiciones», relatan a eldiario.es hasta cuatro profesionales que participaron en ese proyecto.

La manera de funcionar de Dianova, solapando proyectos tan dispares, se ha hecho pública al recibir en Ambite un tercer programa: de acogida de refugiados que incorporaba incluso menores. Pero la convivencia y problemas entre inmigrantes –»la mayoría provenientes de la valla de Melilla»– y toxicómanos se daba desde septiembre de 2014, cuenta uno de los exencargados.

Acumulación de usuarios

«Los conflictos eran continuados, no puntuales», describen los trabajadores sociales. La fórmula era incendiaria, según su criterio profesional: toxicómanos con un gran deterioro por un historial de décadas de consumo compartiendo espacios con «grupos que llegaban de hasta 50 subsaharianos». Se daban «episodios de tensión ya que los toxicómanos, que no dejan de estar enfermos, llegaban a espetarles: ‘putos negros», recuerdan varios exempleados.

Dianova ha contestado mediante un comunicado que «cada grupo ocupa un espacio diferente» y que la finca «de 20.000 m2» es un «emplazamiento perfecto especialmente pensado para personas que tienen que superar situaciones complicadas». La dirección resume que las situaciones denunciadas «no forman parte de la realidad».

«El problema es el volumen de personas que se acumulaba. Se llegó a crear un macro centro» que acogía los diversos programas financiados por las administraciones «aunque no tuvieran experiencia en esas materias», analiza uno de los antiguos profesionales de la organización.

La acumulación de proyectos implica la acumulación de ingresos (más de 2,7 millones de euros públicos en 2014). Todos «se realizan por la legítima obtención en concurrencia competitiva de subvención y de contrato de gestión de servicio público en licitación abierta y pública», subraya el escrito de la dirección.

Deterioro profundo

El programa de adictos, aún en marcha, no está diseñado para desenganchar a los usuarios. «Los toxicómanos van y vuelven todo el rato. Están allí un tiempo para recuperarse, se marchan de nuevo a la calle y regresan muy deteriorados», describen los profesionales que estuvieron en Ambite.

Una de las quejas que se han subrayado es que los diferentes colectivos estaban obligados a compartir espacios comunes. «Por supuesto que compartían el comedor. Y parte del turno de comidas se solapaba. Muchas veces surgían allí los conflictos, las peleas…», denuncian. Con la incorporación de las familias de refugiados la cosa no mejoró. «Antes de que llegaran algunos advertimos muchas veces que no estaban preparados para recibir a familias», recuerda uno.

Las malas condiciones de trabajo también afectaban, según su relato, a la falta de personal: «En fines de semana muchas veces había solo dos personas. Las cocineras no tenían pinches de cocina y, como es una especie de centro ocupacional, los toxicómanos les hacían las veces», aseguran a eldiario.es.

La gerencia de la organización contesta que los equipos eran «adecuados en su número y especializados». «Al principio sí éramos suficientes. Después, según llegaban más y más usuarios, ya no», contrapone otra de las personas que dice haber alertado del deterioro del servicio.

Sobre la dinámica de funcionamiento que juntó a grupos dispares, el comunicado redactado por Dianova cuenta que «la insinuación de que personas inmigrantes no pueden convivir con aquellas que están superando sus problemas de adicción constituye una discriminación que atenta contra los más elementales derechos humanos, impropia de un Estado de Derecho, y que margina a personas».

Quejas y despidos

¿No se quejaban los trabajadores? «Según fue pasando el tiempo te preguntas: ¿Cómo han podido ofrecerse para el proyecto si no tienen las condiciones? ¿Y cómo se lo ha dado el Ministerio?» Varios de los que dieron voces de alarma han terminado despedidos.

Ese programa de inmigración terminó el 31 de diciembre al no ser renovada la subvención ministerial. Pero antes, ¿no fue inspeccionado? Dianova dice que sí: «De manera frecuente, visitas de seguimiento e inspección de las distintas administraciones». Los antiguos responsables explican que «sabíamos con antelación que iban a a venir. Llevábamos una semana preparando el entorno», cuenta una técnica. «Cuando había una visita oficial se ponían hasta banderas», relata un integrador que pasó meses de labor en Ambite.

De hecho, diversos testimonios cuentan que, en una jornada de visita, la dirección decidió sacar de allí a los toxicómanos: «Se los llevaron a todos en autobuses», aseguran. En otra visita, rendida por la Fundación Mapfre con la que colabora Dianova y con la infanta Elena en la comitiva, «se aprovechó para llevar al colectivo de adicciones de excursión lejos del centro», repiten. «Ese día se pusieron hasta redes en las porterías de fútbol. Que retiraron inmediatamente después», añaden los extrabajadores de la asociación.

«Lo más grave que vi yo fue que se utilizara a algunos inmigrantes como mano de obra para unas obras de ampliación a razón de 10 euros la hora sin contrato ni nada», describe uno de los técnicos. «Como tenían esa cultura de rehabilitación se les ocurrió poner a trabajar a los inmigrantes por una cantidad irrisoria», abunda otro. «La cosa se paró cuando el equipo educativo se plantó», recuerdan.

Sobre estas cuestiones concretas (maquillaje de las instalaciones para las visitas o utilización de los internos como operarios), la gerencia de la organización se manifiesta «perpleja» y zanja con una negativa genérica sin entrar en detalles: «no se corresponden con la realidad».