Diari ARA, Cristina Mas, 13.02.2017

Hasta 2015, la acogida de refugiados en España se gestionaba a través de tres grandes entidades especializadas (el ACCEM, la Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado), pero coincidiendo con la punta de llegada de refugiados en Europa y la puesta en marcha de planes de financiación europea, se abrió a concurso público. Esto ha permitido la entrada de algunos recién llegados, que no tenían experiencia previa en la acogida, como es el caso de Dianova, una ONG que siempre había trabajado con toxicómanos y menores tutelados y que ganó el concurso para abrir un centro de acogida en Manresa y otro en la ciudad de Vic. En julio Dianova recibió una subvención por valor de 526.233 euros, una cifra que los coloca como tercera entidad receptora de ayudas, por delante de la Cruz Roja, aunque no tenía experiencia previa con refugiados.

Dianova estuvo en el centro de la polémica en enero cuando la Cadena SER destapó que la ONG mantenía refugiados y toxicómanos dentro del mismo centro de la localidad madrileña de Ambite. Los responsables de la organización aclararon que no convivían sino que utilizaban edificios separados de las instalaciones y que no había habido ningún conflicto. También salió a la luz la denuncia que algunos refugiados cobraban en negro para hacer pequeños trabajos en el centro, lo que la ONG desmintió. Pocos días después el ministerio ordenó que los refugiados fueran realojados en otros centros y dijo que no renovaría el programa de ayuda humanitaria de la entidad, aunque el de acogida de refugiados se mantenía, de momento.

El ARA ha tenido acceso a cuatro refugiados acogidos en Manresa que alertan de déficits en los servicios básicos de la acogida. Una familia venezolana de siete miembros que fue destinada en diciembre decidió abandonar las instalaciones. «Tenemos dos niños pequeños y no se podía comer aquella comida … llevábamos tres días dándoles leche, pan y yogures. Los fines de semana no había servicio de limpieza y los aseos se ponían imposibles «, explica Dolly Khassah, que ahora ha vuelto a Madrid y está con su marido, hijos y cuñados, opositores al gobierno de Nicolás Maduro, temporalmente en un albergue de juventud que le ha proporcionado otra entidad.

Tras el escándalo de Ambite, en Manresa, que cuenta con 40 plazas, han mejorado algunas cosas. Han empezado, por ejemplo, las obras de reforma en la cocina del edificio, propiedad de la Orden de San Juan de Dios, para poder cocinar en lugar de recurrir al catering. Este diario ha solicitado permiso para visitar las instalaciones y contrastarlas, pero el ministerio lo ha denegado.

«No recibimos la asignación entera»

Un joven que llegó al centro en noviembre -que prefiere que ni mencionemos ni tan siquiera su nacionalidad- explica que sólo en el mes de enero ha recibido la asignación de 50 euros para gastos personales: «En noviembre y diciembre me dieron 32, y siempre pagaban tarde».

Un ex trabajador del centro corrobora que cuando llegó no funcionaba la calefacción, confirmando los problemas con la comida y asegurando que el personal tenía que trabajar más horas de la cuenta para cubrir la atención. También alerta de problemas sanitarios: «Entre los refugiados había algunos casos de enfermedades infecciosas que no eran notificados, también problemas en las noches con personas afectadas de estrés postraumático. Había que tener un médico y personal especializado, pero allí no había nadie», asegura.

El Ayuntamiento de Manresa no tiene competencias pero en las visitas que ha hecho no ha detectado irregularidades. Dianova atribuye las críticas a la situación de tensión que sufren los refugiados. El ministerio tampoco ha querido revelar al ARA el resultado de las inspecciones que ha hecho.