El Universal (México), Gerardo Mejía, 21.09.2010
La Secretaría de Gobernación (Segob) canceló este martes el registro de la Iglesia Cristiana Restaurada como asociación religiosa, por la participación de varios de sus integrantes en presuntos delitos como tráfico de menores y delincuencia organizada en el albergue Casitas del sur.
La Segob explicó que la Procuraduría General de la República (PGR) remitió a la Dirección General de Asociaciones Religiosas (DGAR) de este dependencia, los autos de la causa penal número 138/2009, instaurada en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit.
«Para el gobierno federal es primordial que las asociaciones religiosas ajusten su actuar exclusivamente a los fines para los cuales fueron constituidas, considerando inadmisible que esta figura jurídica sea usada para cometer actos ilícitos», indicó el texto.
En las causas penales, se decretó la formal prisión en contra de diversas personas, entre ellas, cinco integrantes de la Iglesia Cristiana Restaurada, por presuntos delitos de tráfico de menores y delincuencia organizada en el albergue Casitas del Sur de acuerdo a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la PGR.
En el comunicado, la Segob enfatizó que la Iglesia Cristiana restaurada desvió sus fines hasta «perder o menoscabar» su naturaleza jurídica, por lo que se le retiró el registro con base en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones religiosas y culto público en su fracción sexta.
«La tramitación de este procedimiento se siguió con estricto apego a los plazos y formas establecidos en los ordenamientos y garantizando el derecho de audiencia de los presuntos infractores desde el desahogo de pruebas, los alegatos, la resolución y notificación», estableció el texto.
La Segob aclaró que la resolución emitida por la comisión sancionadora puede ser impugnada por medio del recurso de revisión ante la propia autoridad que emitió el acto, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o el juicio de amparo.
«El gobierno federal refrenda su compromiso en hacer cumplir el marco jurídico en materia religiosa, sin hacer distinción de las asociaciones religiosas o ministros de culto involucrados, garantizando en todo momento el carácter laico del Estado mexicano», destacó.
A principios de 2009 se ventiló la desaparición de niños del albergue Casitas del Sur, específicamente la niña Ilse Michel, quien estaba en ese lugar luego de un pleito legal por su custodia. La juez Ardelia Martínez denunció que las autoridades del albergue se negaban a entregar a la niña.
El 29 de enero de 2010, las dos sedes del albergue fueron «tomadas» por agentes de la PGJDF y se rescató a 126 niños, quienes fueron trasladados al DIF, además de que siete personas fueron detenidas.
La encargada de entregar en custodia a Casitas del Sur a Ilse Michel fue al ex fiscal Central para Asuntos del Menor de esa dependencia, Alicia Beatriz Azzolini. Luego de ese operativo se dio con el paradero de la menor, en medio de serios cuestionamientos.
Otros casos de presunta desaparición en Casitas del Sur son el de Maritza, y dos grupos de tres hermanos Sergio Iván, Jorge y Bryan; y a Ásale Israel, Natanael Isaí y Hefziva Magdalena.
En abril de 2009, la PGR atrajo la investigación de los menores desaparecidos en el albergue para determinar si en el caso se configuran los delitos de tráfico de menores y delincuencia organizada.