Levante EMV (España), Ignacio Cabanes, 10.04.2013

Han pasado ya más de tres meses desde que el Ayuntamiento de Valencia instara a las empresas y organismos que gestionan los contenedores de recogida de ropa y calzado usado a que regularizaran su situación bajo la amenaza de retirar los mismos de las calles de la capital del Turia. Sin embargo, a día de hoy su situación no ha variado y, pese a que prácticamente la totalidad de ellas carece de licencia de ocupación de vía pública, ningún contenedor ha sido retirado, según confirmaron a este periódico fuentes del consistorio y de las distintas empresas. Incluso su número ha aumentado llegando a detectarse hasta en 130 puntos diferentes de la localidad.

Pero ¿qué hay detrás de esta proliferación de contenedores de recogida de ropa usada? ¿Un lucrativo negocio o un servicio de reciclaje con fines sociales y humanitarios? En determinados casos sí se trata de un servicio social que busca la reutilización de las prendas y favorecer con los beneficios a personas necesitadas, pero en otros son empresas privadas, que revisten su labor con proyectos solidarios pero que acaban vendiendo la ropa usada en el norte de África obteniendo importantes beneficios. En cualquier caso, fuentes policiales aseguran que no podría hablarse de un delito de estafa, ya que cuando la gente deposita sus prendas en un contenedor las están desechando y por lo tanto no podrían reclamar posteriormente sobre ellas.

La Policía Local de Valencia realizó hace meses un detallado informe sobre la ubicación y tipología de estos contenedores y constató que ninguno de ellos tenía licencia de ocupación de vía pública. Asimismo, la Policía Local de Numancia de la Sagra (Toledo), donde tiene su sede una de las empresas que gestiona la mayor parte de dichos contenedores, remitió otro informe a finales del pasado mes de noviembre, a instancias de la Policía de Valencia, en el que se ponía de manifiesto que en los estatutos de dicha entidad privada no figura ninguna función social, según aseguraron a Levante-EMV fuentes de la policía toledana.

El mayor número de contenedores de recogida de ropa y calzado que inundan las calles de Valencia pertenece a la empresa privada Jóvenes Unidos por el Desarrollo Medioambiental, cuyo nombre puede llevar a confusión y pensar que se trate de un organismo sin ánimo de lucro. En 2011, dicha entidad facturó 630.000 euros y sus activos crecieron un 24 %, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico.

«Desde hace muchos años se sabe que nadie quiere ropa de otros y nos llamaban de las parroquias porque no tenían sitio donde almacenarla. Nosotros no tenemos subvenciones y todo el mundo la vende en mayor o menor proporción», aseguran fuentes de dicha empresa, quienes no niegan que su objetivo, como cualquier empresa, es obtener beneficios, pero que también destinan parte de estos a fines sociales. «Colaboramos con la Federación Fe y Alegría en Perú, con el centro de acogida Nuevo Amanecer en Paracuellos de Jarama y llevamos ropa a las cárceles de Soto del Real y Alcalá-Meco», aseguraron desde dicha empresa.

Reinserción laboral 

Uno de los organismos que realiza una labor social con la recogida de ropa usada es Cáritas Diocesana, quien a través de la Fundación José María Haro-Intra tiene 25 contenedores de color naranja repartidos en la ciudad de Valencia. «El fin último es crear puestos de reinserción laboral para personas con dificultades de acceso al empleo», apuntaron fuentes de Cáritas. Hombres y principalmente mujeres con riesgo de exclusión social se dedican a clasificar la ropa en un almacén que tienen en el barrio del Cristo de Quart de Poblet. Posteriormente, la ropa seleccionada para ser reutilizada es comercializada en las siete tiendas de «@rropa», donde se vende a muy bajo precio.

«Todo lo que se recauda se vuelve a reinvertir en la fundación», aseguran. «Hacemos una doble función, por un lado la del reciclaje de ropa y por otro la de lograr la reinserción laboral de personas con dificultades», señalan.

Pese a la labor de reinserción que realizan, en colaboración con la Cooperativa Roba Amiga, los contenedores de Cáritas tampoco cuentan con licencia de ocupación de vía pública, según ha podido saber este diario.

El problema está, según los directivos de algunas empresas del sector, en que hasta ahora el Ayuntamiento de Valencia no se ha preocupado de regularizar la colocación de los contenedores de recogida de ropa y calzado usado y de averiguar qué hay detrás de cada una de las entidades que los gestionan. «Nosotros hicimos una propuesta seria al ayuntamiento hace ya unos ocho o nueve años para que estableciera un control en el número de contenedores y sus pertinentes licencias», explicaron fuentes de Texlimca, empresa valenciana especializada en el reciclaje textil y en la producción de trapos de limpieza industrial.

«En todos los municipios donde tenemos colocados nuestros contenedores (de color azul) no se menea un contenedor sin la autorización previa del ayuntamiento», asegura el responsable de Texlimca, con sede en Alzira. Es por ello que en Valencia capital apenas tienen tres puntos de recogida de ropa usada, con una autorización de Bienestar Social a través de sendas parroquias.

«Somos conscientes de que hay mucha ilegalidad en el sector y no es de recibo que haya empresas de dudosa actividad que deterioren la imagen de los que actuamos de la forma más profesional posible», explicó el gerente de la empresa valenciana, quien admite que son conocedores de irregularidades por parte de entidades que dicen destinar fondos a causas solidarias, pero que no son quien para denunciarlas.

«Es el momento de que se regule y se normalice el sector por parte del ayuntamiento», insisten. Desde su empresa destinan parte de los beneficios a colaborar con Proyecto Hombre, dedicada al tratamiento y prevención de drogodependencias. «En función de los kilos de ropa que recogemos aportamos un apoyo económico. En estos diez años hemos donado unos 200.000 euros», aseguraron fuentes de Texlimca.

Por su parte, fuentes de la Concejalía de Ordenanzas, Licencias e Inspección del Ayuntamiento de Valencia, que dirige Félix Crespo, aseguran que todavía no se ha retirado ningún contenedor ya que se está pendiente de que se acuerde una nueva regulación en la Junta de Gobierno Municipal.