La Gaceta de Salamanca (España), 2.01.2022
Dos mujeres y dos hombres (hermanos de las primeras), los cuatro de nacionalidad nigeriana, se enfrentan a una condena conjunta de casi 50 años de prisión que les pide la Fiscalía de Salamanca acusados de explotar a mujeres compatriotas, que engañadas con falsas promesas llegaban hasta España después de hacer escala en otros países, y una vez aquí, las obligaban a ejercer la prostitución bajo el estricto control de los miembros del grupo, que no dudaban en ejercer para ello la violencia, además de amenazarlas y coaccionarlas mediante rituales de vudú. Según ha podido saber LA GACETA, la Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado el juicio para los días 24, 25 y 26 de enero.
A finales de diciembre de 2017, la Policía Nacional detuvo en Salamanca a los cuatro acusados: J.O. (presunta líder del grupo) y su hermano D.O. (uno de los supuestos ‘controladores’), así como a F.CH.I. (una de las ‘mamis’) y su hermano G.I. (otro ‘controlador’). Presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos para la explotación sexual, fueron detenidos tras dos registros en la calle Topacio y el paseo de la Estación de la ciudad. Junto a ellos, fueron también arrestados en posteriores intervenciones otros cinco presuntos integrantes de la red, al menos en su mayoría en otras provincias como Zamora, aunque finalmente solo se sigue la causa contra los cuatro citados.
En la operación, fueron liberadas cuatro mujeres que eran sometidas a jornadas interminables y rituales de vudú mediante los que se comprometían al pago de la deuda contraída por el viaje desde Nigeria hasta España donde finalmente eran obligadas a ejercer la prostitución.
Según informó en su momento la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron a partir de la denuncia de una mujer que manifestaba que su sobrina y otras dos mujeres estaban siendo explotadas en Salamanca. Se constató la existencia de una trama cuyo modus operandi se basaba en la trata de jóvenes nigerianas para su explotación sexual en las provincias de Salamanca, Zamora, Huelva y Tenerife.
La organización captaba a sus víctimas en Nigeria y su destino principal era España, en concreto la ciudad de Salamanca, aunque el grupo tenía conexiones en Italia y Alemania. Además, los agentes detectaron la presencia de miembros de la trama en Libia y Níger, lugares de paso en la ruta africana que usaba la red.
Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución con amenazas y coacciones, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y necesidad a las que eran expuestas para pagar la deuda. Entre semana eran obligadas a prostituirse en las calles de Salamanca y los fines de semana en un club de Zamora. También las enviaban a Huelva y Tenerife.
Los miembros del grupo elegían a mujeres jóvenes y atractivas de los estratos más humildes y utilizaban el engaño con promesas de una vida mejor en Europa. Después tenían que atravesar países como Nigeria, Níger y Libia.
En todo momento iban acompañadas por miembros de la red para facilitar el paso y hacer los pagos necesarios en el viaje, así como resolver cualquier incidente que pudiera producirse. Una vez en Libia, eran integradas en campamentos a la espera de ser llamadas por otro miembro de la red encargado de su custodia y de realizar el cruce a Europa con destino a Italia. En este país eran alojadas en pisos a la espera de nuevos traslados a nuestro país.
En estas casas sufrían todo tipo de amenazas, trato vejatorio, maltrato físico y psicológico. Además, eran sometidas a largas jornadas y en condiciones higiénico-sanitarias lamentables, ya que sus propios dormitorios les servían tanto de alojamiento como para su uso con clientes. Los beneficios los tenían que entregar como parte de la deuda adquirida por haber sido traídas a Europa.
Las 24 horas del día, en la calle y a 40-60 euros el servicio
La parte del complejo entramado asentada en la ciudad de Salamanca estaba formada por dos grupos constituidos por las llamadas ‘mamis’, quienes tenían a varias víctimas a su cargo, y los conocidos como ‘controladores’ , en un nivel inferior, que estaban encargados directamente de vigilar a las víctimas.
Los integrantes de la red se aprovechaban de la precariedad económica de las chicas, a las que sometían a través de prácticas rituales que les causaban grave temor para ser luego trasladadas a territorio español, con infracción de la normativa sobre entrada y tránsito de extranjeros y la consiguiente vulneración de los legítimos intereses del Estado español en materia de política de seguridad e inmigración, para una vez aquí ser efectivamente explotadas mediante su dedicación a la prostitución, señala la fiscal en su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso LA GACETA.
De esta manera, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en beneficio de los acusados, a lo que no podían negarse debido a su grave limitación económica, carencia de recursos y el temor cierto al daño que podían sufrir tanto ellas como sus familias como consecuencia de los rituales que habían efectuado y que en ocasiones llegaban a repetir pasado el tiempo.
En los rituales, precisa la representante del Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, los miembros del grupo se valían de elementos y fluidos corporales (cabello de las mujeres, vello corporal, sangre, etcétera) para asegurar su sometimiento y evitar así que acudiera a las autoridades causándoles el temor de que si no cumplían con lo que se les ordenaba, ellas y sus familiares sufrirían diversos males.
Una vez en territorio español, se les exigía el pago de la deuda supuestamente adquirida por el traslado a España y a partir de ese momento eran obligadas a ejercer la prostitución en la calle, durante horarios muy amplios -en algún caso tenían que estar disponibles las 24 horas del día, cobrando entre 40 y 60 euros por servicio-, no tenían derecho a descansar o negarse a atender a los clientes y debiendo entregar todo el dinero a las ‘mamis’ que llegaban a amenazarlas con matar a sus familias o prender fuego a sus casas en caso de negarse.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delitos de trata de seres humanos en concurso ideal con delitos relativos a la prostitución, así como delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Solicita la pena máxima para J.O., considerada la cabecilla del grupo, a la que solicita una condena de 20 años y seis meses de prisión. Le pide además medidas de alejamiento e incomunicación con las víctimas y libertad vigilada.
