El Debate (Perú), 7.04.2025

Por decisión del Papa Francisco, la Santa Sede ha decretado la supresión definitiva de la Asociación Pública de Fieles Siervas del Plan de Dios, una de las ramas femeninas nacidas del Sodalicio de Vida Cristiana y fundadas por el peruano Luis Fernando Figari.

Esta medida, ejecutada mediante un decreto del dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, forma parte del proceso de disolución de todas las obras promovidas por Figari, señalado desde hace años por abusos de poder, de conciencia y sexuales, además de irregularidades financieras.

«Ha quedado suprimida nuestra Asociación Pública de Fieles de Derecho Diocesano, en vistas a ser Sociedad de Vida Apostólica, Siervas del Plan de Dios», comienza diciendo el comunicado publicado por la comunidad, reconociendo públicamente el fin de su existencia institucional tras 26 años de historia.

El Sodalicio «asume con docilidad» su disolución casi dos semanas después

Desde su fundación en 1998, las Siervas del Plan de Dios buscaron inspirarse en el ejemplo de María como «la Sierva del Señor» y en la llamada de Jesús a «servir, y no ser servido». Su presencia se extendió a seis países —Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Italia y Angola—, y llegaron incluso a conformar un grupo de música con fines evangelizadores, ganándose la simpatía de muchos jóvenes en eventos multitudinarios como la Jornada Mundial de la Juventud de 2019 en Panamá.

Pero detrás de la aparente vitalidad misionera, la institución reconoce hoy una historia profundamente dañada. En su propio comunicado, las siervas confiesan haber vivido una «cultura sectaria de control abusivo», que se tradujo en «captación vocacional, el alejamiento de las familias, el uso abusivo de la autoridad, la manipulación de la conciencia, los abusos físicos, psicológicos y espirituales».

«Nos duele y avergüenza lo que se ha tenido que sufrir al interior de nuestra comunidad, y pedimos perdón por nuestras acciones y omisiones», afirman, en una de las declaraciones del texto. Reconocen además haber «reaccionado tarde y lentamente» ante las denuncias, y que esa falta de acción contribuyó a la revictimización de muchas consagradas.

La intervención vaticana no fue repentina. En 2018, bajo el entonces arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani, se realizó una primera Visita Canónica que reveló una «estructura dañina y abusiva». Tres años después, ante el testimonio de un número creciente de víctimas, su sucesor, Mons. Carlos Castillo, ordenó una segunda investigación que culminó en agosto de 2024 con una propuesta clara: cerrar la comunidad.

Durante los últimos meses, las religiosas llevaron adelante un proceso de discernimiento guiado por el sacerdote español Jordi Bertomeu, delegado papal y ahora comisario pontificio a cargo de la liquidación. Junto a él, la religiosa Carmen Reyes Varas ha sido nombrada delegada asistente.

«Nos sentimos en deuda como institución y a nivel personal», expresan en referencia al «enorme sufrimiento» de las víctimas. «Somos conscientes de cómo muchas de las decisiones de nuestros gobiernos han sido transmisoras de este sistema de abusos», reconocen.

Además del cierre de comunidades, el proceso contempla un acompañamiento para la reparación espiritual, psicológica y económica de las víctimas. El comunicado señala que el comisario Bertomeu ha ofrecido su disponibilidad para sostener obras apostólicas viables y canalizar las ayudas necesarias a través de Eshmá, un servicio independiente de que ofrece ayuda personas que han sufrido «abuso en entornos institucionales, de espiritualidad o religiosos», explica la página web oficial.