El Tiempo (Colombia), Carol Malaver, 24.02.2022

Personas eran torturadas por los funcionarios, quienes no eran profesionales en rehabilitación.

“Madre, espero que te llegue este mensaje. En estos momentos temo por mi seguridad. En los últimos días esta IPS se ha vuelto un sitio de peleas, de puños y patadas. El otro día golpearon entre cinco a un muchacho. Nadie hizo nada”. Este es solo un fragmento de una carta que una de las víctimas les pudo hacer llegar a sus padres.

Les decía que aunque no había sido el mejor hijo necesitaba de su ayuda. “Les suplico que vengan por mí. No aguanto más el maltrato de otros”. Aunque parezca insólito, este joven estaba interno en una sede de la IPS Resurgir a la Vida, ubicada en el occidente de Bogotá, la cual, supuestamente, trataba a personas con problemas de adicción o de comportamiento.

Y este no fue el único caso. “A mí me cogieron de manos y pies a la fuerza. Un día, en ese lugar me obligaron a bañarme con más personas. Eran como 40, yo entré en shock. El primer día me desmayé y nadie me creyó”. Este mismo joven contó que en una ocasión, desesperado, perdió el control y pidió que lo sacaran de allí. “Ahí me tiraron al piso y me amarraron con los cordones de los zapatos”. También le decían palabras discriminatorias como “mariposita”, “mariquita” cuando entraba en desesperación. “Una vez me quitaron los aretes y me comenzó a sangrar una oreja”.

Incluso padres de familia de jóvenes internos lamentan haber llevado a sus hijos a este lugar. “Como me arrepiento. Mi hijo sufrió de bullying en un colegio militar y pues eso terminó en un problema de consumo de drogas. Por eso terminó en la IPS”. Nunca se imaginaron que fuera a sufrir de malos tratos. Al comienzo del tratamiento, él contaba que todo iba bien, pero, con el tiempo, todo cambió hasta que un día salió del lugar. “Lo que nos comenzó a contar fue terrible. Que no le respetaban su intimidad, que los bañaban con agua sucia, no podía ir al baño, vivía vigilado. Lo pordebajeaban, vivía completamente humillado”.

Otros narran que les prohibían mirar a los ojos a las directivas del lugar. “Me decían: no me mire chino… yo no soy de la calle ni ninguno de sus amiguitos”. En los testimonios también se cuenta que los ponían a correr por toda la casa con pesas. “Yo duré 14 meses allá y vi cosas muy extrañas. Malos tratos y golpes. No se lo deseo a nadie”.

Uno de esos episodios fue contra un estadounidense musulmán. “A él lo humillaban por su religión”.

Las mujeres internas también recibían malos tratos. “No las bajaban de perras o sucias”, contó otro residente, quien dice que ese lugar, más que un centro de ayudas, funcionaba como una especie de secta. “Muchos de los que trabajaban allá no son tan culpables de los ataques. Cumplían órdenes de los dueños del lugar. Todo eso lo deben investigar”, añadió.

El fiscal José Manuel Martínez Malaver, director de la seccional de Bogotá, dio escabrosos detalles del hallazgo. “Se pudo comprobar que cuatro de los procesados, tres hombres y una mujer, participaron en agresiones y torturas hacia los pacientes internos en este centro de rehabilitación”.

Tan grave fue lo que se encontró en esta ‘casa del terror’ que los implicados fueron imputados por los delitos de “tortura agravada con fines de castigo y discriminación, secuestro simple agravado, amenazas y concierto para delinquir”. Hoy están con medida de aseguramiento carcelario. Fue una de las víctimas la que venció el miedo y se atrevió a denunciar. Reveló que los pacientes ingresaban casi siempre engañados y que a veces lo hacían amarrados o dopados. La idea es que no tuvieran forma de resistirse. En decir, ya adentro era casi imposible escapar del infierno.

En las habitaciones de esta ‘cárcel’, como la llamaban los pacientes, también había hacinamiento. “Por ejemplo, en un área limitada para 25 personas tenían a 35 y los espacios carecían de zonas al aire libre y ventilación. Y lo peor, la IPS no tenía personal calificado”, dijo el fiscal.

Los investigadores del caso comprobaron que entre los funcionarios había un ingeniero civil y entrenadores físicos y que ninguno estaba capacitado para ayudar a los pacientes.

Para descubrir todo lo que pasaba tras las paredes de este lugar, investigadores del CTI, psicólogos, médicos, psiquiatras forenses, peritos informáticos, entre otros especialistas, vigilaron todos los movimientos del personal. Hubo interceptaciones telefónicas. Todo eso permitió lograr evidencias claras de los abusos.

Un total de 35 personas, entre ellas dos menores de edad, fueron liberadas del suplicio que vivían. Pero lo escabroso no para ahí. En la sede fueron hallados un táser de voltaje, dinero en efectivo, computadores, las grabaciones de 28 cámaras de seguridad, bolsas con medicamentos y manillas para inmovilización. Muchos de los pacientes fueron supuestamente tratados con choques eléctricos. Estas diligencias fueron adelantadas por el CTI, en coordinación con el Gaula Cundinamarca, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.