Perfil (Argentina), María Ester Romero, 31.03.2019
Hace aproximadamente un mes, el Juzgado de Violencia Familiar de Cruz del Eje recibió la denuncia de una mujer a quien, según relató, el padre de dos de sus hijas la presionaba para quitarle la tenencia. El juez dictó una orden de restricción de acercamiento del hombre y de su progenitor (abuelo de las niñas), dispuso una consigna en la vivienda de la mujer y dio participación a la fiscalía penal por el tenor de los hechos que expuso.
PERFIL CORDOBA corroboró que la denuncia penal quedó radicada en la fiscalía de la misma ciudad a cargo de Raymundo Barrera, quien ordenó allanamientos y dictó secreto de sumario. Por ese hecho, y por la afectación de derechos de menores de edad, este medio reserva todas las identidades de los protagonistas. La abogada Gabriela Coloccini, que patrocina a la mujer víctima, pidió que la causa pase a la Justicia Federal porque evidenciaría la existencia de una organización coercitiva, de las llamadas genéricamente sectas de adoctrinamiento y captación.
La historia. G.H.P. tiene 38 años y es de nacionalidad brasileña, como la mayoría de los integrantes del grupo. Llegó hace aproximadamente 10 años a San Marcos Sierras por indicación de G.B. quien se considera líder y maestro de una comunidad denominada ‘Casamama’, perteneciente a Nación Pachamama. Lo había conocido antes de venir a la Argentina, en su país natal.
En su descripción de aquel primer encuentro, señaló que se dio en un espacio de terapias llamada Mística Andina, de gran difusión en Brasil. Era un curso donde se instigaba a quienes se acercaban a crear una “nueva personalidad, no nacida ni de papá ni de mamá”, sostiene. Recuerda que en su ‘iniciación’, paso al que ella se resistía, le hizo repetir una frase que le quedó grabada: “Soy frágil, pequeña y estoy perdida”. La bautizaron con un nuevo nombre espiritual y a través de un correo electrónico que debió crear, recibía enseñanzas e información sobre el movimiento. Luego de la iniciación comenzaron ‘encuentros íntimos’ con G.B. En diferentes ocasiones mantuvo relaciones sexuales. “Me sentía desconcertada pero accedía a la enseñanza que incluía la liberación sexual, el apoderamiento a través da energía sexual”, explica. La alejaron de su familia y terminó cortando lazos con su pareja con quien había tenido una hija. No lejano en el tiempo -recuerda- “me obligaron a destetar a mi primera hija de una manera bruta. Yo ya no era dueña de mi cuerpo ni de mis hijas. Él comandaba todo”.
Por aquellos años, llegó desde Inglaterra el hijo de G.B. con quien terminó formando una pareja, por consigna del líder del grupo al señalarle que los hijos que engendrarían serían los futuros grandes maestros. Tuvieron dos hijas, lo que generó un rechazo porque eran los varones los que heredarían el poder y la energía para sucederlo. “Un día, G.B. (el maestro) nos invitó a visitar a sus padres en Córdoba”, sostiene. En 2009 llegaron a San Marcos Sierras: “Era un rancho, una casa abandonada en el medio de la nada, con algarrobos secos, un pozo abandonado, una galería vieja con una alfombra de caca de cabra, ladrillos con alacranes, ninguna canilla, ni una gota de agua”, recuerda de aquella primera vez en Córdoba. “Pasé días de tortura mental incalculable. Pensé que no iba a soportar. Pero ellos ya habían decidido”, recuerda.
Tras regresar a Brasil, ella regaló todo lo que tenía allá y el dinero de lo que pudo vender terminó en manos de su pareja y su padre. Casamama. En San Marcos no podía salir del lugar asignado. Dormía en un colchón en el suelo con sus hijas y el monte era el baño natural. La relación con su pareja comenzó a empeorar hasta que en 2015, por correo electrónico, ella pidió la salida del movimiento alegando ineptitud para seguir en ese camino. Ese fue el comienzo de una nueva etapa de hostigamientos que terminaron en la Justicia. Actualmente, ya fuera de la comunidad, vive atemorizada. Ha cesado la consigna policial y le han entregado un botón antipánico. Su abogada espera la decisión del fiscal sobre la competencia federal planteada, teniendo en cuenta el sometimiento y cooptación de la que habría sido víctima su asistida.
“EN EL INTERIOR LAS VICTIMAS ESTAN MUY SOLAS”
La abogada Gabriela Coloccini reclamó mayor intervención del Estado en la protección de la víctima: “En el interior no hay herramientas básicas para protegerlas y asistirlas”. La profesional señaló que en este caso ni la mujer ni sus hijas tienen asistencia psicológica”, algo que es esencial por el tipo de organizaciones a las que estuvieron sometidas durante 10 años. “El interior está desprovisto de todo, después de denunciar las víctimas quedan solas y expuestas”, alertó al referirse al abanico de herramientas que se anuncian pero que quedan casi exclusivamente para Córdoba Capital. “Uno se pregunta: ¿por qué hay tantos femicidios en el interior? Quizás sea por eso”.