El País (España), Iñigo Domínguez, Julio Núñez y Daniel Verdú, 19.12.2021

La Iglesia ha abierto una gran investigación, sin precedentes en España, de 251 miembros del clero y algunos seglares de instituciones religiosas acusados de abusos a menores y que EL PAÍS ha recopilado e investigado en los últimos tres años. Componen un informe de 385 páginas que este diario entregó al papa Francisco el pasado día 2 de diciembre, aprovechando el contacto directo del Pontífice con los periodistas en su viaje a Grecia. Un asistente de Francisco recogió el dosier y al regresar del viaje el Papa se movió rápido. Lo hizo llegar la semana siguiente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia en todo el mundo católico y que dirige el jesuita español Luis Ladaria. Este periódico también entregó el estudio esa semana al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Omella lo transmitió de inmediato al tribunal eclesiástico de Barcelona, donde fue registrado, para que iniciara la investigación, si bien luego las pesquisas deberán ramificarse según la entidad competente: afectan a 31 órdenes religiosas y 31 diócesis. El mecanismo ya está en marcha, aunque la apertura de una investigación, en realidad, es un acto casi automático obligado por el código canónico ante cualquier indicio verosímil.

El caso más antiguo del informe data de 1943, y el más reciente, de 2018. Todos son inéditos, salvo 13 ya publicados, que se han incluido porque han surgido nuevas denuncias contra esos clérigos. Si esos 251 se suman a los que ya se conocían hasta ahora y que ha contabilizado este diario, único registro existente en España ante la ausencia de datos oficiales de la Iglesia o las autoridades, ascienden al menos a 602 casos —cada uno hace referencia a un acusado— y 1.237 víctimas desde los años treinta. En todo caso, para el cálculo del número de víctimas se ha aplicado el criterio más estricto: solo los testimonios directos de afectados y testigos. En la mayoría de los relatos se habla de pederastas que abusaban de decenas de niños y conductas que eran un “secreto a voces”. Un caso habitual es el de profesores que agredían sexualmente a toda la clase, con varios cursos a su cargo y que estuvieron durante años en uno o más colegios. Estimaciones como las empleadas por expertos en los estudios de comisiones independientes de otros países multiplicarían la cifra a varios miles.

Hasta ahora la CEE ha reiterado que no sabe cuántos casos de abusos se han producido en España, aunque asegura que son “muy pocos”. No va a abrir una investigación general y se limita a pedir que las víctimas acudan a sus oficinas de atención, abiertas hace un año, pero asegura que apenas ha registrado denuncias. Por el contrario, EL PAÍS ha recibido ya más de 600 mensajes en el correo electrónico de denuncia que abrió hace tres años. Muchos de esos casos ya se han publicado, otros 251 se han incluido en el informe y el resto se siguen investigando. La única cifra que ha aportado la Conferencia Episcopal la tuvo que pedir a Doctrina de la Fe: le informó este año de que desde 2001 ha recibido 220 casos desde España. El informe de EL PAÍS recoge más en tres años que la congregación en esos 20 y desborda esas estadísticas.

Una vez conocido el dosier de EL PAÍS, el papa Francisco y Omella mantuvieron una conversación. El Vaticano, como acostumbra a hacer cuando las denuncias son tan numerosas y no pertenecen a una sola orden, diócesis o abusador concreto, supervisará a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe todo el proceso que lleve a cabo la CEE. Roma esperará resultados, que según su propio código, deberían llegar en no más de tres meses. La Conferencia Episcopal ha preferido no hacer declaraciones por el momento. Por otro lado, la gran mayoría de los casos, el 77%, afecta a órdenes religiosas, que no están bajo la autoridad de los obispos. Las principales congregaciones, informadas por EL PAÍS de las denuncias que los incumben, han abierto ya una investigación.

Los maristas, una de las entidades que más casos acumula, reaccionaron así a través de un comunicado de su provincia Ibérica: “Condenamos estos terribles hechos y pedimos perdón a las víctimas por no haber sido capaces de protegerlas, de cuidarlas y por no haber gestionado de manera adecuada esas situaciones. Hemos abierto una investigación para esclarecer los hechos ocurridos. Las víctimas son nuestra prioridad, creemos en su palabra y nos ponemos a su disposición para todo lo que necesiten”. La mayoría de las principales órdenes se manifestaron en términos similares, aunque algunas continúan siendo reacias. Por ejemplo, un responsable que no se quiso identificar de los paúles de Zaragoza, al exponerle un caso de su orden, contestó: “No lo investigaremos. Nunca he oído a nadie hablar mal de esta persona. No me interesa el tema. Esto es sucio”. La Salle también se niega a abrir una investigación canónica, como es su obligación, y solo ha precisado que ya ha trasladado sus casos a la Fiscalía, donde su destino seguro es ser archivados al estar prescritos.

Las normas aprobadas por Francisco desde 2019 para acabar con el encubrimiento obligan a cualquier obispo o superior religioso a abrir una investigación interna ante cualquier información de un posible caso. Las reglas del Vaticano son muy claras, resumidas en el vademécum publicado en julio de 2020. La información de un caso, la notitia de delicto, es “toda información sobre un posible delito que llegue de cualquier modo al Ordinario o al Jerarca. No es necesario que se trate de una denuncia formal” (artículo 9). Puede llegar de cualquier modo, también por los medios de comunicación (artículo 10). Incluso sin datos precisos debe ser estudiada y si es verosímil abrirse una investigación previa (artículos 13 y 16), que luego hay que enviar a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe (artículo 69). El artículo 14 del motu proprio del Papa de mayo 2019, Vos est lux mundi, precisa que la investigación durará como máximo 90 días.

Todas estas normas han sido desatendidas en numerosos casos en la Iglesia española por órdenes y diócesis, que ante la información de un caso se limitaban a decir que no les constaba, no abrían ninguna investigación ni informaban al Vaticano. Ahora ya no podrán hacerlo, pues el Vaticano vigila el proceso y asegura que garantizará que estos casos entregados por El PAÍS se van a investigar, se asumirán las responsabilidades pertinentes y se atenderán las reclamaciones de las víctimas. En muchos casos los acusados siguen en activo y de este modo se podrán tomar las medidas cautelares oportunas.

La investigación sobre los casos presentados por EL PAÍS se limita de momento a la vía judicial canónica, y obviamente, supone que las diócesis y las órdenes religiosas se investigan a sí mismas. La CEE se sigue negando a crear una comisión independiente de escucha a las víctimas y promover una revisión total del pasado. Otras conferencias episcopales ya las han puesto en marcha, en Estados Unidos, Francia o Alemania. Son organismos que no ponen en tela de juicio el testimonio de los afectados —en la mayoría de los casos, los acusados han fallecido— y simplemente valoran su credibilidad, reúnen sus relatos y obtienen cifras y conclusiones de lo ocurrido. El número de denuncias llegadas a Roma desde España, aunque es algo menor que el de otros países, no permite pensar que la situación pueda ser muy distinta a la de lugares como Alemania o Francia.

En el informe entregado a las autoridades eclesiásticas por este diario no aparecen los datos personales de las víctimas ni referencias que las puedan identificar, para garantizar su anonimato. En todo caso, EL PAÍS se ha puesto a disposición del Vaticano para facilitar el contacto con las víctimas y que puedan prestar declaración, si así lo desean. La Santa Sede, después de decenas de investigaciones y de la cumbre sobre pederastia que el papa Francisco convocó en Roma en febrero de 2019, asume con mayor normalidad este tipo de procesos. De hecho, el Pontífice aplaudió el miércoles “la dignidad” de los obispos franceses por haber sacado adelante una investigación histórica sobre los abusos en la Iglesia gala.

Detrás de cada una de esas cifras hay una historia, y en los casos más antiguos, un mosaico de cómo era la vida en algunos colegios e internados del franquismo. EL PAÍS las irá contando de ahora en adelante. Son relatos como el de Antonio Carpallo, de 81 años, en Sevilla; Jesús Gutiérrez, de 77, en Santander; o Emilio Boyer, de 55, en Valencia, que han aceptado contar sus recuerdos en el vídeo que acompaña este artículo. Carpallo era, y sigue siendo, aficionado del fútbol. Puede recitar la alineación del FC de Sevilla. También recuerda la de hace más de seis décadas, cuando vivía en el Hogar de San Fernando, un internado de los salesianos en Sevilla. Huérfano de padre y madre, Carpallo entró allí en los años cincuenta. Relata cómo un día, a sus 16 años, el prefecto Rafael Conde lo “secuestró”: “Vino a mi cama y me hizo tocamientos como y por donde quiso. Sin prisas ni nerviosismo. Me tocó al mismo tiempo que me decía si quería ver el Sevilla-Valencia. Yo era un niño y huérfano, ¿cómo le iba a decir que no quería ver el fútbol?”. La única respuesta que le pudo dar fue: “Don Rafael, claro que quiero ir al partido”. “Me premió enviándome a verlo, que creo recordar terminó con un 4 a 0″, comparte. Asegura que en ese internado la violencia física estaban a la orden del día: “Una madrugada se cebó conmigo el cura que dormía en un rincón del dormitorio en el que yo estaba. Cuando pasó a mi altura me cambié de posición y pensó que estaba despierto. Empezó a darme todo lo que pudo y más. No sé cómo no me dejó ciego”, describe. En otra ocasión relata que a su hermano lo encerraron en una habitación y entre tres religiosos le propinaron una paliza con patadas y puñetazos.

Los salesianos han comunicado que ya han iniciado una investigación de este y el resto de casos, “independientemente de que sean de hace años”. Sobre el religioso que señala Carpallo, la congregación afirma que Conde murió en 1976 y que está recabando más información. “En algunos de los casos que aparecen hay datos de referencias muy vagos, pero se estudiarán igualmente”, explica un portavoz de los salesianos.

El dosier de EL PAÍS contiene los datos fundamentales de cada caso y también los nombres de responsables eclesiásticos que pudieron encubrir los abusos. Además, en un anexo, este periódico ha incluido una relación de altos cargos de la Iglesia española sospechosos de haber ocultado o silenciado casos que ya han sido publicados en los últimos años. Entre ellos se encuentran más de una veintena de cardenales y obispos. El posible encubrimiento también debe ser investigado, pues es un delito recogido por el derecho canónico penado con la expulsión del cargo si las causas son graves: “Se incluye [en estas causas graves] la negligencia de los obispos en el ejercicio de su cargo, en particular en relación con los casos de abusos sexuales cometidos contra menores y adultos vulnerables”, se lee en el motu proprio del papa Francisco Como una carta amorosa.

“Recuerdo sus babas encima…”

Otra historia es la de Jesús Gutiérrez, de 77 años. Nació en Santander en una familia obrera de posguerra. Era el menor de cuatro hermanos, y el único que tuvo la oportunidad de estudiar más allá de lo obligatorio. Con 12 años recién cumplidos, la comunidad de agustinos de la ciudad lo contrató para suplencias de sus porteros. A cambio, le ofrecían los estudios de bachillerato y la comida. “Esa era mi posibilidad de acceder a la cultura”, argumenta Gutiérrez. “Los dos primeros años me parecieron espectaculares. Unas notas estupendas. Hasta que el padre Eliseo Bardón [fallecido el pasado enero en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid] se convirtió en secretario”, narra. Fue entonces, en 1959, cuando comenzó su calvario de dos años: “Me llamaba para que le ayudase con tareas de la oficina, pero era todo mentira. Me besaba. Recuerdo sus babas encima… Un día empezó a manosearme de tal manera que eyaculé. Lloré muchísimo, y él se ofreció a pagarme”.

Gutiérrez no dijo nada a nadie. Ni al director de la comunidad, el ya fallecido padre Javier Gorrochategui Múgica, porque también le acusa de haber abusado de él: “Me manoseó, pero él mismo se dio cuenta de lo que intentaba hacer, se disculpó y paró. Sin embargo, esta acción me cerró la puerta a decirle lo que me estaba pasando con el padre Eliseo, pues si él también tenía esas desviaciones, esa denuncia era harto improbable que prosperara”. Lo que hizo fue abandonar la comunidad, una vez terminado el bachillerato elemental. “Me lo tragué todo yo solo. Afortunadamente, tenía una mente muy fuerte y ordenada. Si no, vete tú a saber”, concluye, orgulloso de sí mismo.

La década de los setenta es la que más casos recoge. Emilio Boyer, de 55 años, también denuncia abusos en aquella década en los agustinos de Valencia, tanto físicos como sexuales. Acusa a fray Balbino, religioso del colegio de la orden, ya fallecido. “Yo tenía nueve años y me llevaba por el camino de la amargura”, lamenta Boyer. Cuenta que le pegaba, lo castigaba y lo suspendía. “Un día, estábamos en un aula él y yo solos y el tío se quitó los calzoncillos. Yo tenía nueve años, pero sabía que algo raro estaba pasando. ‘Ay, Emilio, si tú quisieras podrías sacar mejores notas…’, me dijo. Total, que me abraza, con todo el mondongo ahí. Había cerrado el aula. Yo empecé a correr y él me perseguía. Si me hubiera abofeteado, habría acabado haciéndole una felación y lo que fuera. Me daba tanto miedo que me pegara… Pero de ahí no pasó. Abrió la puerta y me dejó salir”, relata. “Después de ese episodio siguió pegándome. Fue el peor año de mi vida”, subraya Boyer. EL PAÍS ha comprobado que no es el único: ha encontrado otra víctima y dos testigos más que relatan recuerdos similares de fray Balbino, en los años setenta y ochenta.

Los agustinos, consultados sobre estos dos casos en Santander y Valencia, condenan los abusos y responden que no les constaba ninguno de ellos. Van a investigarlo y a revisar sus archivos. “Finalizado el proceso judicial siempre hay una petición de perdón a las víctimas, un alejamiento del religioso de toda actividad pastoral y el ofrecimiento de ayuda a las víctimas en aquello que puedan necesitar”, explican.

El informe entregado al Vaticano es fruto de un largo trabajo que este diario comenzó en octubre de 2018, con el inicio de una investigación de los abusos en la Iglesia española. Al correo electrónico de denuncia que abrió entonces han escrito más de 600 personas, contando sus historias. Escucharlas, atender a cada una, intentar publicar cada caso, ha sido una tarea ingente. Detrás de cada mensaje hay una persona con un relato doloroso de hechos que pasaron hace décadas y, a menudo, nunca había contado antes a nadie. Contar esos recuerdos de una infancia rota es el primer consuelo, pero que se sepa la verdad es su mayor anhelo. Después de años buscando en internet a la persona que abusó de ellos, y viendo que sigue en un colegio, o en un equipo deportivo infantil, o que incluso recibe homenajes. Y de hecho, a menudo se sienten culpables de no haber hablado, de no haber tenido la valentía de contarlo. Pero casi siempre está prescrito, y al acudir a la Iglesia relatan que lo habitual es recibir una nueva humillación, y rechazo. Para intentar cambiar algo, han escrito a EL PAÍS.