Europa Press (España), 27.05.2025
Se ha detenido a ocho personas, integrantes de un clan, y se ha liberado a un total de trece mujeres, la mayoría paraguayas y peruanas
La Policía Nacional de Valladolid, en el marco de la Operación Cabila’, ha desarticulado una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual que operaba desde hacía dos años en la capital y que mantenía controladas a las víctimas a través de la santería. Hay ocho detenidos, integrantes de un mismo clan, y se ha conseguido la liberación de trece mujeres a las que dicha organización explotaba bajo un férreo control y la santería.
La desarticulación de esta red, encabezada por una mujer de nacionalidad paraguaya e integrada por otros cinco familiares, de la misma nacionalidad, junto con otras dos personas de origen peruano, ha sido desvelada este lunes por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, en el transcurso de un encuentro con los medios de comunicación en el que también han participado el comisario provincial, Francisco Javier Oterino; la jefa del Grupo de Emigración y Falsedades Documentales (UCRIF), Rocío Rodríguez, y el jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Santiago Garabito.
El primero de ellos ha felicitado a la policía por esta importante operación y ha aprovechado para denunciar que la trata de seres humanos es una nueva forma de «esclavitud» en el presente siglo, mientras que el comisario provincial ha hecho especial hincapié en el férreo control al que los detenidos sometían a las víctimas y ha recordado que la presente operación es la segunda de este tipo este año en Valladolid, sin olvidar las otras cinco desplegadas a lo largo de 2024.
La investigación se inició hace un año a raíz de la toma de declaración a una de las víctimas, que había sido captada por una mujer que la convenció para que accediera a ejercer la prostitución en su «casa de citas» en Valladolid, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad al encontrarse en España de forma irregular, sin posibilidad de obtener ingresos legítimos y con la necesidad de enviar dinero a su país de origen para mantener a sus familiares que vivían en la extrema pobreza y dependían de ella para subsistir.
La víctima, que desconocía totalmente el mundo de la prostitución, fue presionada para que accediera a ser trasladada de inmediato, y la misma captadora viajó con ella hasta Valladolid y la emplazó a ejercer la prostitución en uno de los seis pisos-club existentes en distintas partes de la ciudad y que controlaba su familia.
Dicha declaración dio inicio a una investigación que ha durado un año y que ha concluido ahora con la desarticulación de esta red que operaba con esta media docena de clubes en los que explotaba a mujeres que habían sido captadas en otros puntos de España e incluso en sus países de origen. De las trece mujeres liberadas, nueve son paraguayas, dos peruanas, una argentina y una española.
Además, en estos pisos se producía la venta de sustancias estupefacientes a los clientes de los servicios sexuales. La encargada de captar a las víctimas para su explotación sexual en los pisos era la matriarca del clan, la cual también era la responsable de gestionar su traslado hasta allí. Las víctimas recién captadas eran consideradas «de su propiedad» hasta que saldaban la deuda contraída por la financiación de su viaje hasta España o generaban suficientes ganancias para los investigados. Una vez saldada la deuda, las víctimas cobraban un porcentaje de los beneficios.
Durante los primeros meses en que las víctimas se encontraban bajo el control del clan familiar, la matriarca las alojaba en un piso controlado por su nuera, quien actuaba como encargada de su explotación sexual, fijaba las tarifas de los servicios de prostitución, cobraba a los clientes y autorizaba a las víctimas sus breves salidas del domicilio para comprar víveres y productos de primera necesidad dado que tenía que darles su consentimiento para que pudieran salir del piso, permaneciendo el resto del tiempo hacinadas en la pequeña vivienda, en la que llegaban a pernoctar ocho mujeres repartidas en dos pequeños dormitorios con dos camas individuales cada uno.
La matriarca captó también a mujeres de su familia
Una característica definitoria de estos entramados de origen paraguayo es que las víctimas son a menudo captadas entre las mujeres más jóvenes y vulnerables de las propias familias de los tratantes, tal y como ocurre en este caso, en el que la principal captadora llegó a proporcionar a la red criminal mujeres de su propia familia para que fueran explotadas sexualmente, todo ello para mayor lucro económico de los integrantes del grupo criminal.
Las víctimas debían estar disponibles las veinticuatro horas, sin días de descanso, ni siquiera por enfermedad, y sin poder elegir a los clientes ni los servicios sexuales que debían realizar. Transcurrido un tiempo, el clan familiar trasladaba a las víctimas a otro domicilio, controlado esta vez por una de las hijas de la matriarca, que hacía las veces de encargada, restringiendo las salidas de las mujeres, cobrando a los clientes estableciendo los precios de los servicios de prostitución.
En este segundo domicilio las mujeres debían dormir hacinadas en literas, y el ejercicio de la prostitución tenía lugar en las mismas condiciones penosas y abusivas, si bien además eran monitorizadas las veinticuatro horas mediante un sistema de videovigilancia instalado por los investigados.
Sin embargo, aunque la matriarca era quien captaba y conseguía a las víctimas, era su hija mayor quien se encargaba de la contabilidad de las ganancias del clan familiar, gestionaba la publicación de los anuncios de las víctimas en páginas web de servicios de prostitución, se coordinaba con las encargadas para controlar y coordinar el buen funcionamiento de los pisos y, en resumen, dirigía la acción criminal del clan.
Amedrentadas por la Santa Muerte
La hija mayor, cuyo número de teléfono tenían grabado las víctimas en el móvil bajo el nombre de ‘Santa Muerte’, utilizaba la santería para intimidarlas e infundirles temor, hallándose de hecho en la ejecución de las diligencias de entrada y registro practicadas en los pisos dos altares de santería.
Por otro lado, el encargado de proporcionar sustancias estupefacientes a los pisos era la pareja de la hija mayor, hallándose en los domicilios en el momento de la acción policial 14,23 gramos de cocaína distribuida en bolsitas de medio gramo, y 9,88 gramos de ‘tusi’, cocaína rosa, todo ello destinado a su venta a los «clientes» de servicios de prostitución.
Los hijos varones del clan familiar y un amigo íntimo de la familia también colaboraban en la acción criminal, ya fuera controlando la explotación sexual de las víctimas en ausencia de las encargadas principales, colaborando en la publicación de los anuncios de servicios de prostitución o como ‘taxistas-controladores’ de las víctimas en las salidas para atender a clientes que solicitaba servicios sexuales a domicilio.
En el caso del amigo íntimo de la familia, este además actuaba de cara visible ante los arrendadores de los pisos, que desconocían el destino que se iba a dar a sus viviendas, creyendo que allí residiría una pareja joven, y formalizaban con él los contratos de arrendamiento de los inmuebles. Este hombre, para procurarse la confianza de los arrendadores y simular que disponía de ingresos legítimos con los que abonar los alquileres, llegaba a proporcionarles documentos falsos.
La investigación ha culminado con la práctica de dos entradas y registros en los dos pisos-club que se encontraban activos en ese momento, la liberación de trece mujeres, con edades de entre 19 y 26 años, y la detención de los ocho presuntos responsables de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, quienes se encuentran en libertad con cargos.