El País (España), Iñigo Domínguez, 29.01.2025

Bolzano es el primer obispado que hace una investigación externa y choca con los datos de la conferencia episcopal, que solo cuenta 100 en todo el país. Un sacerdote ofició el funeral de su víctima tras su suicidio.

La Iglesia italiana es la última de los grandes países católicos que aún debe afrontar los casos de pederastia en su seno, después de que España, Portugal y Polonia hayan empezado a hacerlo. Por fin comenzó a moverse algo en 2022 con la llegada a la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) del cardenal y arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, que encargó un primer informe. No obstante, solo contabilizaba casos de los dos años anteriores en cada diócesis ―y no todas participaron―, y arrojó 68 acusados, con 89 víctimas. En 2023, se sumaron 32 acusados más, del año precedente, con 54 víctimas. En total, 100 acusados.

Las asociaciones de víctimas criticaron estas cifras como ridículas y una auditoría pionera de la diócesis alpina de Bolzano-Bressanone les acaba de dar la razón. Sus datos, en un volumen de 631 páginas, destrozan la endeble estadística oficial de la Iglesia italiana: Bolzano admite 41 sacerdotes acusados en los últimos 60 años, desde 1964, con 67 casos de agresiones y 75 víctimas, el 68%, mujeres. De ellas, 59 eran menores. Además, el estudio señala que la información recabada es parcial y “debe presumirse un número igual de casos sumergidos”.

Esta cifra de curas acusados supone casi la mitad de los reconocidos hasta ahora en toda Italia, y es la única diócesis que ha hecho un estudio serio de las 226 que hay en el país. El único otro dato disponible de referencia para Italia es del Dicasterio de Doctrina de la Fe, el organismo disciplinario vaticano, al que desde 2000 todas las diócesis del mundo están obligadas a comunicar los casos que conocen. Para Italia, desde ese año, se han abierto 613 expedientes, pero no se han dado más detalles de la resolución de cada caso. Fue otro dato que la CEI desveló con su primer informe.

Por su parte, la organización Rete L’Abuso, la principal asociación de denuncia de la pederastia en Italia, contabiliza en su portal en este momento un total de 168 curas condenados y 170 acusados en denuncias pendientes de resolución. En total, 338. La diócesis de Bolzano, con 530.000 habitantes, es la primera en Italia que encarga un informe externo independiente sobre pederastia, da acceso a sus archivos y presta toda su colaboración. Fue encargado al despacho de abogados alemán Westpfahl-Spilker-Wastl, de Munich, conocido por la auditoría que realizó de la diócesis de Baviera y, en España, por su participación en el equipo de Cremades & Calvo-Sotelo, que elaboró el polémico informe para la Conferencia Episcopal Española (CEE) que los obispos luego despreciaron.

El obispo de Bolzano, Ivo Muser, que lleva en el cargo desde 2011, hizo una rueda de prensa el viernes para pedir perdón, invitar a las víctimas aún ocultas a denunciar y admitir: “Sabemos que lo que leemos en el estudio es solo la punta del iceberg”. Asumió que el informe “evidencia graves omisiones” y que es necesario “un cambio cultural”. Por su parte, el vicario general, Eugen Runggaldier, insistió en que los casos de abuso en la Iglesia “no pueden ser considerados como episodios aislados”. “Se basan en carencias sistémicas como la sexualidad inmadura, el aislamiento de los sacerdotes, las estructuras clericales, la falta de una cultura del error y la insuficiente transparencia”, concluyó.

El estudio fue difundido el 20 de enero y causó conmoción en Italia, por los detalles de algunos casos: uno de los sacerdotes acusados ofició el funeral de un menor que se había suicidado y que presuntamente había sido su víctima, pese a las protestas de los fieles que sospechaban de los abusos. Después fue trasladado al extranjero. Son patrones que se repiten en cada país: 15 de los curas siguieron prestando servicio tras ser denunciados y simplemente fueron trasladados, dos de ellos a otro país. El caso más grave es el de un sacerdote acusado por primera vez en los años sesenta, enviado a otra parroquia, y que se pasó así más de 40 años, movido tras cada denuncia. Solo fue apartado en 2010, el año en que la diócesis comenzó a cambiar, señala el informe.

A partir de entonces comenzaron a emerger las denuncias. “Durante décadas, parece que la dirección diocesana haya estado guiada por la idea de que el simple traslado de un sacerdote fuera una respuesta suficiente”, indica el informe. Hasta 2010, critican los investigadores, obispos y vicarios generales se comportaron de modo “inadecuado e inapropiado” y lo normal era esgrimir el argumento de “la oveja negra” o de “los casos aislados”. “Gran parte de los hechos, un 43%, ya eran conocidos en la cúpula de la diócesis antes de 2010″, indican.

El informe censura en este sentido al obispo Wilhelm Egger, que dirigió la diócesis entre 1986 y 2008, y los vicarios Josef Michaeler y Josef Matzneller. Los 41 clérigos acusados ―siete eran de órdenes religiosas― suponen el 4,1% del total de los sacerdotes que han pasado por esa diócesis en el periodo estudiado, un porcentaje que coincide con el registrado en otros países.