RTVE (España), 15.10.2024

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha urgido este martes al Parlamento a aplicar «lo antes posible y de la mejor manera» las recomendaciones del informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que la institución entregó en 2023 a la presidenta del Congreso de los Diputados, Françina Armengol y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Es la hora de Parlamento, como consecuencia de la encomienda y tras este Informe. Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas», ha advertido en una comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar las conclusiones del trabajo.

Gabilondo ha apremiado a las Cortes Generales a proceder al desarrollo legal para «acreditar el estatuto de víctima de esta violencia sexual específica sin que los hechos estén limitados a un momento concreto», como una de las 24 recomendaciones del informe, de 777 páginas. No concreta cómo deben hacerse los cambios normativos: «Con todo nuestro respeto al Parlamento el informe no especifica cómo debe hacerse no somos quienes, por entender que esa tarea de determinar el cómo es del Parlamento».

Otras recomendaciones se centran en atender y dar respuesta a las víctimas con varias medidas como la celebración de un acto público de reconocimiento, la creación de un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran, así como que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

El informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia se elaboró en cumplimiento del mandato recibido del Congreso tras la aprobación, el 10 de marzo de 2022, de una proposición no de ley que contó con un respaldo mayoritario de 286 síes, 51 noes y dos abstenciones.

Los 674 testimonios de víctimas revelan el «impacto devastador»

Los testimonios recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas «revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas», ha señalado el Defensor del Pueblo.

La inmensa mayoría de los testimonios, el 84%, son de hombres que sufrieron los abusos y un tercio de ellas han relatado que sufren síntomas de estrés postraumático. Algunas de ellas han experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.

A los 487 casos incluidos en el informe, obtenidos en entrevistas realizadas en Madrid y en otros puntos de la geografía nacional, se han sumado otros 188 nuevos casos recogidos por a Unidad de Atención a las Víctimas desde que se hizo público el informe hasta este mes de octubre, por lo que se cuenta ya con 674 testimonios de víctimas.

El Defensor del Pueblo ha apuntado que estos nuevos casos «reafirman» las conclusiones del estudio, que se trata de un Informe cualitativo: «No ha sido nuestra intención conocer el número de casos registrados en España, sí conocer el alcance del problema, cómo se puede reparar a las víctimas y qué se puede hacer para tratar de evitar que vuelva a pasar».

“Las víctimas lo están reclamando, están a la espera“

No solo se han tenido en cuenta los testimonios directos recogidos para realizar el Informe, sino también otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la propia Iglesia y de investigaciones de medios de comunicación.

Además, en el marco de este informe se elaboró una encuesta a 8.013 personas – encargada a la empresa GAD3- para fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso. El 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años, y un 3,36% manifestó que ese abuso se había producido en el ámbito familiar.

Un 0,6% de la población representativa elegida para a encuesta aseguró haber sido agredido sexualmente por un sacerdote o religioso católico, mientras que un 1,13% dijo haber sufrido la agresión en el ámbito religioso.

Ángel Gabilondo ha señalado que las víctimas de los abusos sexuales en la Iglesia católica son «el sentido primero, el sentido último y el sentido central» del informe, que ha sido elaborado con el objetivo de describir la dimensión del fenómeno de los abusos, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas.

En este sentido, se ha mostrado esperanzado en que los trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones derivadas «contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes».

Por eso, ha instado a los diputados y senadores que componen la Comisión a que se implementen, cuanto antes, las recomendaciones recogidas en el Informe. «Las víctimas lo están reclamando, están a la espera. Lo necesitan», ha agregado.

Un fondo estatal, reconocimiento a las víctimas y abrir los archivos
Entre las recomendaciones del informe elevadas a las Cortes Generales y al Gobierno se encuentra la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial, creado para esta finalidad instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.

Proponen también que se hagan reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares y que la Iglesia católica ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares cuando lo necesiten, así como que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

Otra recomendación del informe es la celebración de un acto público de «reconocimiento y reparación simbólica» a las víctimas de abusos «por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad», sobre todo en la etapa que va de 1970 a 2020.