El Mundo (España), Asier Vera, 16.01.2025

El Gobierno de Guatemala ha procedido, por orden del Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana, a separar de sus familias y a proteger en hogares de abrigo a 146 menores que fueron rescatados el pasado 20 de diciembre de 2024 por ser víctimas de posibles abusos como violación, maltrato, embarazos y matrimonios forzados en una secta judía ultraortodoxa, denominada Lev Tahor, que está sentada en el país centroamericano desde el 2013 tras huir de Canadá.

En un operativo conjunto de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional Civil (PNC), se procedió este miércoles a las 02.00 horas de la mañana a desalojar a las 50 mujeres adultas que permanecían con los niños, niñas y adolescentes en el hogar Nuestras Raíces, ubicado en la zona 3 de Ciudad de Guatemala, donde se encuentran desde que fueron rescatados de la citada secta.

Concretamente, el secretario de la SBS, Marvin Rabanales, detalló que se trata de 90 niños de cero a cinco años aproximadamente que han sido trasladados a un centro de protección y abrigo especializado, mientras que también se ha conducido a una residencia especializada a 9 adolescentes varones de entre 13 y 17 años. Asimismo, una niña de 12 años con padecimientos psiquiátricos ha sido ingresada en otro centro específico para menores con este tipo de problemáticas, mientras que por su parte, permanecieron en el hogar Nuestras Raíces un total de 26 niñas, de 5 a 17 años y 20 niños, de entre 5 y 12.

La separación de los menores de sus familias se produce días después de que el pasado 31 de diciembre fuera arrestado en El Salvador el líder de la secta Lev Tahor, Jonathan Emmanuel Cardona Castillo, contra quien se había activado el 27 de diciembre una alerta roja de Interpol, a petición de la Fiscalía Contra la Trata de Personas de Guatemala que lo acusa de los delitos de violación, maltrato contra personas menores de edad y trata de personas en la modalidad de embarazo forzado.

El arresto de Cardona Castillo, de 23 años y originario de La Libertad (El Salvador) fue ordenado por un juez después de que el Ministerio Público recibiera cinco denuncias sobre posibles «vejámenes» contra menores de edad por parte del detenido, quien ejercía como rabino en Lev Tahor. Así, el pasado 11 de noviembre se escaparon cuatro adolescentes de esa comunidad, ubicada en el kilómetro 94,5 en la aldea El Amatillo del municipio Oratorio, departamento de Santa Rosa (Guatemala) y acudieron a la Fiscalía para relatar los hechos que sufrían.

«Supuestas madres»

El procurador General de la Nación, Julio Saavedra, recalcó que el objetivo es «restituir» los derechos de los menores, teniendo en cuenta que no tenían acceso a la salud, ni a la educación reglada, al tiempo que ni sus «supuestas madres» pudieron acreditar que eran sus hijos, razón por la cual un juez de Niñez y Adolescencia ordenó que los niños, niñas y adolescentes fueran separados de sus familias para trasladarlos a hogares de protección y abrigo de la SBS.

«Es un caso complejo porque por primera vez en su historia reciente, Guatemala se enfrenta a una organización con características claras que la definen y la describen como una secta y la propia comunidad judía de América Latina ha manifestado categóricamente que no se trata de judaísmo», remarcó Saavedra.

Asimismo, recordó que las denuncias interpuestas «dan cuenta sobre actos que vulneran los derechos humanos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, específicamente, a la integridad física, mental y psicológica, derecho a la identidad, la salud, la familia, educación, casos de matrimonios o uniones forzadas incluso entre adolescentes y, lo más grave, embarazos de adolescentes y niñas».

El procurador General de la Nación recordó que, antes del allanamiento que hubo el 20 de diciembre en el que se halló incluso una fosa con huesos humanos en una caja, presumiblemente de un niño, había habido intentos de constatar el estado de los menores que vivían en la citada comunidad para verificar que no se estaban vulnerando o amenazando sus derechos. Para ello, la PGN y la PNC acudieron el 18 de julio, el 20 y 21 de agosto, el 8 de octubre, el 8 de noviembre y el 12 de noviembre, si bien no hubo colaboración por parte de los integrantes de la secta.

Además, añadió que la PGN también había citado a los supuestos padres de los menores para constatar la identidad de los mismos, si bien nunca asistieron a las instalaciones de esta institución. Por ello, explicó que se decidió realizar un allanamiento el 20 de diciembre con la participación de 600 personas, a raíz de la denuncia recibida en la Fiscalía por parte de cuatro adolescentes que habían logrado escapar de la secta. Así, indicó que fueron clave los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que concluyeron que, al menos, uno de los menores había sufrido agresiones sexuales.

Ese día, según recordó, se estimó una cifra aproximada de 160 menores de edad rescatados, si bien finalmente se comprobó que se trataba de 146 a quienes en un primer momento se les trasladó por orden judicial a la Casa Nuestras Raíces, conocida como Alida España donde recibieron abrigo temporal como medida cautelar. En este mismo lugar, ingresaron medio centenar de mujeres adultas pertenecientes a la secta, mientras que los varones permanecieron en las afueras protestando de manera violenta e intentando extraer a la fuerza a los menores del centro de protección.

Este miércoles se dio un paso más allá y por orden judicial se expulsó a las mujeres de la casa dejando a los menores a cargo exclusivamente de la SBS hasta que un juez de Niñez y Adolescencia resuelva individualmente cada caso y decida si los menores pueden regresar con sus familias siempre y cuando se compruebe que sus derechos no son vulnerados y que realmente son sus madres y padres, algo que en este momento se desconoce, por lo que a partir de ahora deberán acreditar ante juez competente su vínculo paterno filial.

Ningún menor escolarizado

Saavedra insistió en que la secta había denegado el derecho a la educación de los menores, dado que «no hay ni un solo que esté inscrito en algún programa o carrera aprobada por el Ministerio de Educación de Guatemala». Asimismo, denunció que se habían dado «uniones matrimoniales» ilegales entre niñas a partir de los 12 años y niños a partir de los 13, pese a que la legislación del país centroamericano prohíbe los matrimonios en personas menores de 18 años. También incidió en que en la secta también se dieron violaciones de niñas, dado que ha habido casos de embarazos en menores de 14 años. Finalmente, advirtió que el joven detenido por estos hechos «no es el único» que enfrentará a la justicia.

Por su parte, Rabanales criticó que ninguna de las mujeres que hasta ahora acompañaban a los niños, niñas y adolescentes en el albergue de protección «ha podido acreditar su vinculación filial» con los menores. Al mismo tiempo, censuró que, durante las últimas semanas, los miembros de la secta han permanecido en el exterior del hogar generando «inestabilidad» dentro del albergue.

El secretario de Bienestar Social recordó que, actualmente, esta institución cuenta con más de 20 residencias de protección y abrigo que albergan a más de 1.000 niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos han sido «violados y amenazados» en Guatemala y a los que se sumarán los 146 que estaban obligados a pertenecer a la citada secta ultraortodoxa Lev Tahor.

En esta línea, avanzó que permanecerán en abrigo «el tiempo que sea necesario para que se pueda demostrar que su núcleo familiar es idóneo». Mientras tanto, una de las primeras medidas que se van a adoptar, una vez han sido separadas de las adultas, es determinar si hay alguna niña embarazada, dado que, hasta ahora, ha sido «difícil» poder comprobarlo por la ropa que usan y porque no ha sido posible realizarles una evaluación médica ante la «resistencia» mostrada por sus supuestas madres.

Tras la expulsión de las mujeres adultas de la casa Nuestras Raíces, una veintena de ellas, acompañadas de diez hombres pertenecientes a la secta Lev Tahor, cortaron un sentido de la carretera que pasa frente al hogar de protección para reclamar sin éxito que les devolvieran a los menores de edad. Un dispositivo policial les impidió acercarse a la residencia, tal y como ordenó un juez.

El propio ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, les dio un ultimátum para desbloquear la carretera, para lo cual se abrió una mesa de diálogo entre los agentes y los manifestantes, quienes fueron advertido de que, si continúan con el cierre de la avenida, se aplicará la ley para alejarlos a la fuerza del perímetro de la residencia de la SBS, donde aún permanecen albergados la mayoría de los niños que fueron rescatados.

Desde que fue expulsada de Canadá y México, esta comunidad judía ortodoxa, conformada por unas 70 familias, la mayoría extranjeras de EEUU, Canadá, Israel, Reino Unido y Rusia, ha tenido problemas en Guatemala, dado que, en 2014, fue expulsada por el alcalde de San Juan La Laguna, mientras que, en septiembre de 2016, también abandonó la capital y se mudó a Oratorio, en Santa Rosa, tras unos allanamientos de la Fiscalía que buscaba evidencias por una denuncia de maltrato infantil.

Allí han permanecido viviendo en condiciones infrahumanas y aisladas de la población local, mientras que las mujeres y las niñas están obligadas a ir totalmente tapadas de pies a cabeza y vestidas de negro.