El Diario (España), Jesús Bastante, 2.09.2018
¿Cuántos niños fueron violados y abusados por sacerdotes, religiosos y obispos en todo el mundo? La cifra resulta escandalosa: únicamente teniendo en cuenta los casos comprobados e investigados por organismos independientes, existen casi 100.000 víctimas de la pederastia clerical reconocidas en todo el mundo, desde Estados Unidos a Australia, desde Irlanda a Holanda, de Chile a México, de Italia… a España.
Esta es la cifra que maneja ECA Global, una organización de supervivientes del abuso clerical de todo el mundo -entre sus miembros se encuentran personajes tan conocidos como Peter Saunders, ex miembros de la Comisión Antipederastia del Vaticano; José Andrés Murillo, una de las víctimas de Karadima en Chile que fueron recibidas durante tres días por el Papa Francisco en el Vaticano; o Alberto Athié, uno de los primeros denunciantes del depredador Marcial Maciel-, basándose el informes de comisiones estatales de investigación, datos de investigaciones judiciales o comisiones internas de la Iglesia. Solo los informes del Vaticano reflejan 600 denuncias cada año por abusos en el seno de la Iglesia.
Si a eso sumáramos todas las denuncias conocidas a través de los medios, el número superaría, con mucho, los 100.000. «Resulta razonable pensar que hay centenares de miles de víctimas en todo el mundo», señala a El Diario Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos por parte de un sacerdote en Barcelona cuando tenía 16 años, y que hoy colabora como uno de los portavoces de ECA Global.
«Vemos muy preocupante que no haya habido una auditoría exhaustiva del número de sacerdotes pederastas y de víctimas en todos los países donde la Iglesia católica tiene una presencia muy importante», recalca Hurtado, que lamenta cómo «desgraciadamente, la mayoría de las conferencias episcopales del mundo, como la española, se niegan a difundir cifras detalladas de la magnitud del problema en su país». En el caso de la Iglesia española, tardaron hasta cinco años en hacer público el protocolo antiabusos.
Así, únicamente en una docena de países se han establecido mecanismos para conocer el número de víctimas, primer paso para poder ayudarlas. En algunos de ellos (Irlanda, Bélgica, Holanda o Estados Unidos), con la colaboración de las autoridades eclesiásticas, y en otros merced a comisiones estatales de investigación (como en el caso de Australia o Canadá) o por investigaciones judiciales (como sucediera en Chile).
«Hay muy poca información disponible, ya que ni la Iglesia ni la mayor parte de estados han tenido el menor interés en estudiar la magnitud del problema», recalca Hurtado. Dichos datos muestran, por ejemplo, cómo en Irlanda se han dado 14.000 víctimas de las industrial schools, cifra que no sólo incluye abusos sexuales sino también menores que sufrieron abusos físicos. Si a esa cifra se suman los casos de acoso y robo de bebés, la cifra aumenta a las 25.000, según el organismo creado por el estado irlandés para gestionar las indemnizaciones a las víctimas.
En Australia, la Real Comisión habla de 4.447 víctimas de abusos, mientras que en Canadá, según datos del Gobierno, entre 10.000 y 12.000 personas fueron indemnizadas por sufrir abusos sexuales y físicos en las instituciones religiosas donde fueron internados de forma forzosa cientos de miles de indígenas.
La Comisión Deetman, creada por la Conferencia Episcopal holandesa, recalcó cómo 1.975 personas denunciaron haber sido víctimas, aunque la cifra real está entre 10 y 20.000; mientras que en Estados Unidos se han comprobado, e indemnizado, a 18.565 personas. A diferencia de lo que ocurre en España, en Estados Unidos, desde el caso Spotlight, los obispos sí recopilan y publican los datos. De hecho, el informe Pensilvania contó con la colaboración de las seis diócesis implicadas.
También la Conferencia Episcopal belga publica sus informes, en virtud de los cuales 1.046 víctimas han recibido indemnizaciones por delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Algo similar sucede en Alemania, donde el Episcopado y el Gobierno del país detectaron 927 víctimas de abusos sexuales. Una «infraestimación», en opinión de Miguel Ángel Hurtado, puesto que sólo en el Coro de Ratisbona (que durante un tiempo dirigió el hermano de Benedicto XVI), se dieron 547 casos de abusos sexuales y/o físicos.
Austria y Chile
En Austria, 837 víctimas denunciaron abusos sexuales, según la investigación de la Comisión de investigación dependiente de la Conferencia Episcopal austriaca, mientras que en Suiza se comprobaron 294 casos entre 1950 y 2015
La investigación, aún abierta, por la Fiscalía chilena habla de 266 víctimas de abusos sexuales. 178 niños y adolescentes, mientras que en Perú el propio Sodalicio de la Vida Cristiana (movimiento fundado por el pederasta Luis Fernando Figari) admitió 36 víctimas de abusos sexuales. En Argentina, patria del Papa Francisco, al menos 20 menores sordos fueron abusados en el Instituto Provolo de Mendoza, según la Fiscalía del país. El caso más conocido en América fue el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y considerado ‘apóstol de la juventud’ por Juan Pablo II, que abusó de entre 20 y cien jóvenes, según estimaciones de la propia Santa Sede. Otro depredador sexual fue el padre Nicolás Aguiar, quien abusó de 26 menores en Estados Unidos y otros 60 en México.
«Lo más grave de todo -denuncia Hurtado- es que la gran mayoría de estos abusos se podían haber prevenido si la jerarquía católica hubiera denunciado a los pederastas en serie a la policía en vez de moverlos de parroquia en parroquia». Las cifras confirman el coste humano de esta política criminal de encubrimiento que, pese a todo, aún persiste en algunos rincones de la Iglesia, y son el origen de las acusaciones de los sectores ultraconservadores contra el Papa Francisco.
«Lo peor es que detrás de estos números hay personas de carne y hueso, mucho dolor y sufrimiento, muchas vidas destrozadas y familias rotas. Todo por preservar el poder, la reputación y el patrimonio de la Iglesia», lamenta el portavoz de ECA, que estuvo presente durante el viaje papal a Irlanda. En su opinión, «ha sido una oportunidad perdida. Francisco podía haber anunciado un plan de choque contra la pederastia con medidas específicas y un calendario de actuación (tribunal para juzgar a obispos encubridores, tolerancia cero a nivel global, entregar archivos canónicas a las autoridades civiles, notificación automática de todas las acusaciones de pederastia a la policía) Sin embargo prefirió hacer declaraciones genéricas».
Palabras que, en opinión de las víctimas, se quedan en nada «hasta que estalle el próximo escándalo, la próxima crisis de imagen de la institución». ECA lo tiene claro: «Ya pasó el tiempo de hablar, ha llegado la hora de actuar».
