El Mundo, Granada, 8.07.2010
La comunidad védica hinduista de Granada Vadika Pratisthana Sangh, acusada de ser una secta, defendió ayer su labor y aseguró que se trata de una congregación inscrita legalmente y que están «viviendo un infierno» tras las informaciones vertidas en la prensa en las que antiguos discípulos culpan a su maestro de «explotación laboral y sexual» a mujeres que pertenecen a ella.
La vicepresidenta de la comunidad, Tara Shakti, compareció con el Defensor del Ciudadano de Granada, Melchor Sáinz Pardo, en la oficina de éste (la institución que llevó el caso ante la Fiscalía), donde aseguró en una rueda de prensa que el maestro, Antonio Javier Ruiz Plazas, sobre el que se han personificado algunas de las denuncias de las supuestas víctimas, está «ampliamente reconocido» en la comunidad internacional y que su escuela está «avalada» por el Gobierno de la India.
Destacó que varias comunidades hinduistas internacionales se han mostrado «irritadas» ante estas «acusaciones inciertas», y apuntó que en ningún caso se han investigado a los denunciantes, que «podrían tener antecedentes delictivos».
En lo referente a la manipulación, Tara Shakti señaló que en la comunidad se siguen las escrituras del hinduismo védico y que «no se hace nada más allá», e insistió en que cada una de las personas que forman parte de la congregación tiene «total libertad» para vivir su religiosidad, «siempre respetando la idoneidad necesaria para formar parte de la comunidad». Apostilló que las personas que llegan a la comunidad lo hacen de forma voluntaria y pueden abandonarla también de forma voluntaria, y explicó que en el hinduismo las enseñanzas se imparten desde el maestro al discípulo. La agrupación tiene una larga trayectoria en Granada y en otros lugares dentro y fuera de España, y que en todo este tiempo nunca había tenido ningún problema.
Sobre los supuestos problemas que han alegado los antiguos integrantes de la comunidad con sus familias, la vicepresidenta señaló que sólo existe un caso aislado y concreto de un miembro, al que aseguró que han tratado de ayudar, y que cada miembro decide respecto a los votos de castidad o pobreza, así como en lo referente a desarrollar su profesión dentro o fuera de la congregación. No concretó cuántas personas integran la comunidad, ni cuántas horas trabajan o el salario que reciben, por ser parte de «su intimidad».
Respecto a las acciones de la Fiscalía Superior de Granada, que según publicaba ayer un diario local ha identificado ya a diez de las posibles víctimas, señalaron que por su casa han pasado miles de personas, por lo que «diez son muy pocos».
Una de las monjas más antiguas, Narajani Chaitanya, que padece una «grave enfermedad», manifestó pidió «rigor y respeto» a su labor.
Una «discípula directa» del líder espiritual acusado, la psicóloga Encarna Gómez, pidió a la Asociación Redune para la Prevención de la Manipulación Sectaria que acredite la preparación de su presidente para calificar como secta al grupo.
Una de sus abogadas, Mercedes Merinas, señaló que las supuestas víctimas «no han presentado ninguna denuncia» y que el único que se ha querellado es el grupo religioso. Otro abogado, Juan Luis Aguilera, dijo que han interpuesto una querella contra un medio nacional y alguna publicación local, así como algunas páginas web, por «ofender gravemente al honor» de la congregación y su «sentimiento religioso».